Viciada la convocatoria para elegir presidente(a) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Chiapas es una de las entidades con mayor violación a los derechos humanos, con un número significativo de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no están siendo atendidas, con casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que igualmente no están siendo atendidos y con el caso relevante de la masacre de Acteal que se encuentra en la Corte Interamericana y que tampoco está siendo atendido. El aspecto en común en todos estos, es que un organismo que tiene entre sus funciones el de dar seguimiento a las recomendaciones de la CNDH y de los organismos internacionales es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien no viene realizando adecuadamente sus atribuciones y que está convertida en una oficina más del gobierno, abandonado la función de garante del respeto a los derechos humanos.

La presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cargo del empresario Juan José Zepeda Bermúdez, ha sido omisa en el cumplimiento de sus responsabilidades no solo en la atención al seguimiento de las recomendaciones realizadas por los organismos defensores de derechos humanos sino porque en casos graves de violaciones no ha intervenido o se puso del lado del gobierno y peor aún, en su actuación ha participado o permitido la fabricación de de presuntas violaciones, con el único afán de perjudicar a personas que en su momento observaron la ilegalidad de su nombramiento, lo que describe al presidente de esta comisión como una persona rencorosa, vengativa y de intrigas, conductas que nada tienen que ver con el desempeño y la calidad de un  ombusdpersons.

La gestión de Zepeda Bermúdez como presidente CEDH está reprobada, en donde su desempeño ha sido determinante para reproducir condiciones de impunidad, como bien se puede ilustrar con los casos de los desplazamientos forzados en comunidades indígenas o el caso más extremo violación cometido con una familia indígena, acusada de trata de infantes, en el que cuatro mujeres inocentes fueron llevadas a prisión, el jefe de esta familia fue asesinado con claras muestras de tortura en prisión y 22 niños fueron recluidos en una casa hogar del DIF, sin que la CEDH cumpliera con sus obligaciones a tal grado que sobre este suceso no ha emitido ninguna recomendación a pesar de que la CNDH ya lo hizo. En este caso en particular se protege a Jorge Luis Llaven Abarca, quien fuera el fiscal general del Estado y quien participó en la fabricación de esta acusación, que meses después se comprobó que eran falsas. De igual manera mantuvo un ominoso silencio en el artero asesinato que sufrió el periodista Fredy López Arévalo.

Sobre el desempeño de la CEDH pesan dos grandes omisiones: hay una omisión legislativa, en virtud de que el Congreso Local no ha emitido la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo del organismo, lo que da visos de ilegalidad al trabajo que realiza la presidencia de esta comisión; y una omisión administrativa de la propia CEDH, al estar funcionando sin reglamento, a tal grado que para la toma de decisiones sigue operando el reglamento del Consejo Estatal de Derechos Humanos, un organismo que desapareció hace diez años.

En Chiapas no hay gobierno, lo que hace entendible de que tampoco exista un organismo garante de los derechos humanos. Lo lamentable de esta situación, es que se acaba de emitir una convocatoria para la designación del presidente(a) de la CEDH, sin cumplir con los mecanismos adecuados para estimular la participación de la sociedad en la presentación de propuestas de aspirantes que cumplan con los requisitos para desempeñar esta responsabilidad, sobre todo porque ya se mencionó que el actual presidente del organismo, que busca la reelección, no cumple con la responsabilidad que requiere un ombusdpersons. Esta convocatoria no cumple con el requisito que señala la Constitución de realizar un procedimiento de consulta pública ni contempla la auscultación de candidatos, situación que vicia el procedimiento de3 designación, lo que puede orillar a la presentación de un amparo por violación al debido proceso, como ya se presentó en la convocatoria anterior, en la que ilegalmente fuera nombrado Juan José Zepeda Bermúdez.