La democracia en disputa

A partir de la iniciativa de la reforma electoral propuesta por el presidente –iniciativa que fue desechada en la cámara de diputados y que tuvo como respuesta la creación de seis leyes reglamentarias que afectan directamente los procesos electorales, conocida como el Plan B, mismas que fueron aprobadas por el Congreso-, se inició en el país un falso debate en torno de la democracia; en donde el gobierno justifica que con la aprobación de estas leyes se fortalece la democracia real en el país y se acaban con los fraudes electorales y por el otro lado se forma un frente amplio opositor, dominado por una sociedad civil inconforme, que sale a protestar debido a que con la aprobación del Plan B, se retorna al control del gobierno de los procesos electorales y se mutila la autonomía e independencia del INE.

Esta disputa de la democracia es falsa, debido a que México tiene un modelo inacabado de democracia debido fundamentalmente a dos factores: primero, debido a que en el país existe una ausencia histórica de ciudadanía, lo que provoca el galimatías de la existencia de una democracia sin ciudadanos, y segundo, a la ausencia de una cultura democrática que proteja, mejore y reproduzca la supervivencia de las prácticas democráticas, una cultura política que hace y se hace con la participación de ciudadanos, situación que provoca un raro funcionamiento de un tipo particular de una democracia sin demócratas.

La disputa del discurso sobre la democracia en México se sitúa no en la democracia sustantiva sino en el órgano responsable de la realización de las elecciones como si la democracia solo fuera un problema electoral y no de una forma de vida, que atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana, situación que fortalece la idea de un falso debate, debido a que la democracia no se circunscribe al día de las elecciones ni al ejercicio del voto, sino a la urgente necesidad de lo que se llama la paideia democrática, o sea la educación que proporcione las condiciones para vivir en y para la democracia.

De allí que para el gobierno de López Obrador, lo central de sus leyes reglamentarias sea reducir el presupuesto del INE, bajo el discurso de que son muy caras las elecciones en México y abrir la posibilidad de que los funcionarios y el gobierno en sí puedan realizar activismo publicitario dentro del proceso electoral, ambas propuestas entran en disputa por ser iniciativas claramente inconstitucionales, debido a que la Constitución prevé que el INE tenga los recursos necesarios para garantizar su independencia y autonomía y prohíbe la campaña y la promoción de los funcionarios en los tiempos electorales. Por solo estos dos argumentos el Plan B se debe de rechazar en los tribunales, además de que la aprobación de estas leyes afecta el principio de progresividad, que establece la misma Constitución.

Reducir el presupuesto del INE, algo que sin duda es deseable pero peligroso, debido a que eso abre las puertas de un financiamiento de la delincuencia organizada, algo que está regulado a través de la investigación que realiza el INE sobre los gastos de campaña, aspecto que también se le mutila al Instituto, lo que evita la cancelación del registro de las candidaturas.

Lo grave del financiamiento de las campañas con recursos ilegales se ha vivido ya en los procesos electorales, a partir de los señalamientos del financiamiento que presuntamente realizó la delincuencia organizada en las elecciones de los Estados de Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y San Luis Potosí, elecciones ganadas todas por el partido Morena y su aliado el Partido Verde, lo que significa, que con la aprobación del Plan B, la delincuencia organizada pasaría a controlar todos los procesos electorales.