El retorno a la legalidad en la UNACH

Las pretensiones de la rectoría de la UNACH es continuar con las simulaciones en la construcción del proyecto académico de la Universidad que Chiapas necesita y no el de garantizar la legalidad y la transparencia en la institución. Bajo el pretexto de la elaboración del proyecto universitario 2022 2026, el Rector convoca a la reflexión colectiva y envía a los docentes una encuesta mal estructurada, con preguntas inconexas, que carece de secciones, que no aborda los problemas sustantivos del diseño de un proyecto universitario y que no garantiza la confidencialidad del encuestado, situación que conduce a que los resultados de la encuesta no sean útiles para los fines que persigue.

La UNACH vive hoy una crisis de legalidad generada por el propio Rector, que tiene fuertes señalamientos de que carece de la Maestría, aunque el manifestó haberla estudiado en la UNAM, cosa que es falsa, y que el doctorado que estudió en la Universidad Complutense de Madrid carece de validez oficial de estudio en México, al no haber realizado los trámites de revalidación de estudios en el extranjero a lo que obliga la ley. Este asunto que pudiera ser intrascendente en Chiapas, por la normalización de la ilegalidad en las que se conducen las autoridades en todos los niveles de gobierno y órganos autónomos, tiene una  relevancia en virtud de que el Rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa, realizó una persecución a docentes y administrativos, que condujo a despidos, renuncias forzadas  y a jubilaciones y pensiones obligadas, en donde el argumento central de la autoridades fue la legalidad.

Sin embargo, la legalidad en las perspectiva del Rector significa fabricar delitos y luego a través del acoso y el hostigamiento laboral, orillar a la renuncia, al despido o a la jubilación. Así fue como despidió a varios docentes bajo el argumento de plagio académico, sin importar el género y la situación de vida, sobre todo de mujeres, jefas de familia, que fueron rescindindas de su relación laboral. Cabe aclarar que la universidad no es autoridad competente para sancionar el plagio académico, pero esto sólo fue el pretexto, para que en aras de la legalidad, fueran despedidos decenas de maestras y maestros de la universidad.

De igual manera, despidió a personal académico o los orilló a la jubilación, bajo el argumento de que ocupaban plazas y categorías que no correspondían a su nivel de estudios. Aquí las autoridades actuaron con abuso de poder y fueron omisas al no sancionar a ningún Rector, en virtud de que fueron ellos quienes otorgaron las recategorizaciones al personal académico sin que se cumplieran con las disposiciones normativas de la universidad. Pero Carlos Natarén Nandayapa prefirió castigar a profesoras y profesores, con el fin de reducir la plantilla de personal, aunque con esto se cometan ilegalidades.

Esta decisión de despidos, renuncias forzadas y jubilaciones obligadas, hoy son vistas con otra perspectiva: toda esta política de limpieza y persecución fue realizada por un Rector que carece de la autoridad académica y moral para emprender esa tarea, sobre todo, porque el Rector construyó un supuesto prestigio académico a través de la mentira y la ilegalidad, que lo sitúa en la condición de fraude, al estar cobrando la categoría de profesor de tiempo completo más alta de la universidad, sin contar con los grados de estudio que amparen esa categoría. A su vez, aplicó sanciones a universitarios y afectó proyectos de vida de docentes, cuando él mismo viola las disposiciones normativas al no cumplir con los requisitos normativos para ocupar la plaza de profesor de tiempo completo que ocupa.

Bajo estas circunstancias, más que discutir el proyecto de universidad que Chiapas requiere, es fundamental el retorno de la legalidad en la Universidad, para evitar que impostores sigan medrando con el trabajo universitario.