La construcción de los puentes en Tuxtla

El derecho a la libertad de expresión está compuesto por dos dimensiones: una dimensión individual, que representa el derecho que tienen todas las personas a emitir ideas, opiniones y puntos de vista diversos, y, una dimensión social, que comprende el derecho de recibir información veraz y plural que permita a las personas normar criterios sobre los asuntos de interés públicos.  Esta segunda dimensión es lo que viene a conformar lo que se conoce como el derecho a la información que tiene una sociedad a estar bien informada. Ambas dimensiones el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar.

En Chiapas es muy común que se violen las dos dimensiones de la libertad de expresión. El caso más reciente se está viviendo en la discusión que se desarrolla en torno de la construcción de los puentes, obras que promueve y realiza el gobierno estatal en Tuxtla Gutiérrez. En este ejemplo se puede observar las campañas publicitarias del Estado que busca construir legitimidad en la construcción de esos puentes, en el que diferentes actores que salen en el vídeo promocional descalifican a quienes se oponen o rechazan la construcción de los puentes, y lo hacen a través de la frase , no se dejen engañar, situación que provoca una especie de censura sutil y de intimidación hacia quienes critican las obras, censura que por cierto está prohibida en la Constitución, lo que está genera violaciones a la dimensión individual de la libertad de expresión.

Pero en realidad la más grande violación a la libertad de expresión de esta construcción de puentes en Tuxtla Gutiérrez se da en el derecho a la información, en donde el secretario de obras realizó una faraónica presentación del proyecto, pero solo de palabras, en virtud de que se le han pedido los estudios que soportan dicho proyecto y se ha negado a proporcionarlo, es decir, que los estudios de impacto ambiental, de impacto social, de impacto en el escurrimiento hídrico, los estudios de movilidad de las personas, la proyección del número de personas que van a utilizar los puentes, etc., etc, no son públicos, lo que genera un ocultamiento de información.   

El gobierno de Chiapas tiene una práctica que se asume como  una política de difundir mentiras oficiales. Así lo hizo en la crisis sanitaria del Covid 19, así lo hace en materia de seguridad y así está sucediendo en la campaña de legitimación de las obras en Tuxtla Gutiérrez. Lo primero que hay que señalar, es que la construcción del segundo piso no se encuentra contemplado el programa de desarrollo urbano de Tuxtla Gutiérrez, esta obra vial es una ocurrencia reciente, con la llegada de Ángel Torres Culebro como secretario de obras; otro aspecto que hay que señalar, es la información que vierte el propio secretario de obras en el vídeo promocional en el que señala a los puentes como una obra de beneficio a la movilidad vehicular, aspecto que resulta preocupante y que deja entrever el real propósito de este programa de obras. Las cosas no son así, el secretario de obras no entiende que la movilidad se  refiere al desplazamiento de las personas y del colectivo de personas y se relaciona con el transporte público y no con el privado. Esto significa que los puentes, en la concepción del secretario de obras, benefician al transporte vehicular privado y no al transporte público, que seguirá utilizando las vialidades laterales.

Otro aspecto que el gobierno rechaza es el derecho a la consulta pública, por eso desarrolla su campaña desacreditante del no se dejen engañar, cuando la consulta en estos tipos de obras se deben de realizar. Hay acuerdos internacionales en la materia, recientemente firmados por México, como el Acuerdo de Escazú, que los funcionarios estatales y municipales, así como los defensores de estas obras deben de leer, para que entiendan que hay obligaciones que el gobierno no está cumpliendo, tanto en el derecho a la consulta pública como al derecho a transparentar la decisiones públicas. La movilidad es un derecho humano establecido en la Constitución que se está violando con la realización de estas obras, en donde el gobierno estatal tiene la obligación de informar y transparentar el programa de obras y la consulta pública tiene la función de construir un consentimiento informado, que en este momento no existe, en virtud de que hay ciudadano inconformes, que deben de ser consultados.     

En este sentido, la peor política de comunicación que un gobierno puede asumir, es la de construir un conjunto de mentiras oficiales, que se contraponen a la posibilidad de garantizar el derecho a la información de los asuntos que son de interés público.