Un Chiapas inseguro

Son varios anuncios que muestran que la plaza se calentó en Chiapas sin que eso genere preocupación alguna en el gobierno, que continúa sin tomar las medidas preventivas, de protección y garantías a la población, sobre todo en los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, que cada vez son más frecuentes en distintos lugares del Estado, como sucede en San Cristóbal, en Frontera Comalapa, en Berriozábal, en Ocozocuautla y en Pueblo Nuevo, o en todo el conflicto migratorio en Tapachula, que muestran que la autoridad se encuentra rebasada.

Estos problemas de violencia e inseguridad no fueron generados por el gobierno de Rutilio Escandón sino que son herencia del pasado, como muchos otros conflictos que están latentes en la entidad en el que se corre el riesgo de que estallen por la inacción política que caracteriza al actual gobierno. Es en esta inacción donde radica la responsabilidad del actual gobierno, que conoce de los problemas de violencia pero los oculta, se desentiende de ellos y por su indiferencia, no se toman las medidas preventivas y la atención que corresponde para evitar llegar a la situación en la que se encuentra en este momento. Entre las cosas que no se hicieron de manera adecuada son los nombramientos de los funcionarios de la fiscalía del Estado y la secretaría de seguridad pública, y junto con ello, no se realizó la depuración y una selección rigurosa a través de los controles de confianza de los comandantes de las distintas corporaciones policíacas, así como del personal de la fiscalía, en el que existen señalamientos de comandantes y servidores públicos, que se encuentran al servicio de la delincuencia organizada

En Chiapas es fantasiosa la coordinación de las dependencias en el combate a la delincuencia, pues no existe una cabeza que establezca el mando en las operaciones y existen detenciones de grupos de delincuentes que han terminado en un fiasco, al ser puestos en libertad. El propio fiscal no tiene el control de la fiscalía y en la secretaría de seguridad se reconoce la autoridad y se rinden informes a personajes que ya no forman parte de la administración pública, pero que son señalados de tener fuertes vínculos con los grupos criminales. Esto significa que el control de las dependencias de seguridad está diluido y con ello el gobierno de Rutilio Escandón ha perdido capacidad de respuesta ante la delincuencia organizada.

Los sistemas de inteligencia tienen identificado a los principales líderes de los grupos de la delincuencia que operan en todo el territorio de Chiapas y conocen además quienes son las autoridades que proporcionan protección a estos grupos, que actúan en plena impunidad y que ya impusieron no solo el terror en la población, sino un poder que ejerce dominación sobre el resto de la sociedad, pero no se ejecuta ninguna operación para detener a los responsables, y con ello, establecer los límites a la delincuencia e imponer la fuerza del Estado. Esta situación provoca que la población quede indefensa y expuesta no sólo frente a la delincuencia sino ante los propios servidores públicos, quienes han sido señalados de ser ellos quienes detienen a personas para luego entregarlos a los grupos de la delincuencia, y muchas de estas personas tienen reporte de desaparecidas.

Esta realidad es la que se oculta a través del discurso de mentiras de un Chiapas seguro, que lamentablemente repiten el secretario de gobernación y la secretaria de seguridad pública federal y que seguramente es el que se va a escuchar el próximo lunes por parte del presidente de la república, quien estará en Chiapas presidiendo la reunión de la mesa de seguridad.