Gobernador de lujo

La política y el gobierno en Chiapas viven hoy día una fase de descomposición, que pone en riesgo a la seguridad nacional del país, debido sobre todo, a que un conjunto de instituciones que hacen posible la unidad de la sociedad están dejando de funcionar y esto es lo que provoca la violencia,  la impunidad con la inaplicación del derecho, las ejecuciones extrajudiciales  y el caos social que se percibe en varios puntos del territorio chiapaneco.

La violencia y ejecuciones a cargo del grupo de “Los Motonetos” en San Cristóbal de Las Casas o los enfrentamientos de la delincuencia organizada en Frontera Comalapa o en el corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, son una clara expresión de que el Estado no está funcionando. Pero esta situación de violencia se extiende a otros municipios y está presente en Aldama y Chenalhó, en Tila, en Carranza, en Chilón, en El Bosque, en Rincón Chamula, en Pantelhó, en Oxchuc, en San Juan Chamula, en Pueblo Nuevo, etc., municipios que arrastran una historia de violencia, en el que es claro de que no existe la voluntad política del gobierno para buscar restituir los lazos comunitarios, que permitan disminuir los enfrentamientos y la violencia, y construir acciones institucionales dentro de un modelo de cultura de paz.

El mayor riesgo que prevalece en Chiapas, es la actitud de un gobierno que considera que los conflictos siempre han existido y por lo tanto esta violencia no fue provocada por la administración actual, por lo que no hay compromiso para resolver esos problemas, lo que origina una indiferencia y despreocupación del gobernador, en el que se abandona a su suerte a la población, que da cuenta de lo recurrente de los enfrentamientos en la entidad, en la que se han acumulado asesinatos políticos, desplazamientos forzados, despojos de tierras, desapariciones, encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, etc., que paradójicamente son responsabilidad del Estado por no tomar las medidas preventiva y garantizar el derecho a la vida o bien por la inoperancia del gobierno, por lo que resulta fatal para Chiapas la indiferencia del gobernador a este caos que amenaza generalizarse.

En concreto, los crímenes sucedidos en los últimos meses son una responsabilidad del Estado, debido a que las autoridades tienen conocimiento con antelación de los problemas que se gestan en la entidad, sin que nadie implemente medidas preventivas o de protección ante la oleada de violencia y enfrentamientos que se dan entre los distintos grupos u organizaciones, o por no realizar una investigación con la debida diligencia que conduzca al castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos sucesos.

Está claro que la gobernabilidad de Chiapas no es preocupación del gobernador, y por lo tanto, no hay disposición ni capacidad política para tomar las decisiones necesarias para restablecer el orden sin violencia en la entidad. Lo preocupante de esta situación, es la actitud del gobierno federal, que no percibe la conflictividad que hay en Chiapas y considera que todo está bien y hasta hay afirmaciones desproporcionadas que afirman que Chiapas tiene un gobernador de lujo, afirmación que debe ser precisada; de lujo porque le sale demasiado caro a Chiapas.