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¿Quién cree que Chiapas es seguro?

Editorial
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Es muy conocido que en Chiapas  no hay paz ni justicia. Esto es una realidad que se palpa todos los días, aunque la demagogia en boca de los políticos pregonan  que en la entidad se vive en paz y hasta rinden informes de  una supuesta eficacia de la seguridad pública en la entidad.

Este discurso lisonjero le hace daño a Chiapas y mella la credibilidad del gobierno tanto federal como de la entidad y termina fomentado la construcción de un mundo irreal, que no corresponde con la condición de deterioro de la dinámica social que se vive en la entidad, situación que confirma que estos funcionarios y políticos no están a la altura de las circunstancias sociales que Chiapas requiere atender urgentemente.

Chiapas ha vivido sucesos políticos que en otras circunstancias el gobernador ya hubiera sido llamado a cuentas e inclusive orillado a pedir licencia. Entre estos sucesos están la presencia de grupos de autodefensa en más de 10 municipios de la entidad; el largo conflicto político en el municipio de Oxchuc, que con frecuencia impide la circulación vehicular; el conflicto en el municipio de Pantelhó en donde el grupo armado El Machete desapareció a 23 personas; las varias decenas de asesinatos en el conflicto entre Chenalhó y Aldama, que además produjo desplazamiento forzado de población;  los problemas sociales en Tila que vive un virtual estado de sitio; los enfrentamientos armados de grupos delincuenciales en Frontera Comalapa, cuya carretera se convirtió en el paso más peligroso de la entidad, así como los enfrentamientos en el corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, zona de enfrentamientos entre cárteles; los graves problemas generados en los municipios fronterizos por la falta de una adecuada política migratoria que obliga a un reclamo enérgico al gobierno federal para que preste atención a esta problemática; y  la ilegal resolución de la Suprema Corte, que despojó a Chiapas más de 160 mil hectáreas de su territorio para entregárselo a Oaxaca, cuyo silencio y complacencia del gobernador lo descalifica para seguir gobernando el Estado.

Bajo estas circunstancias, resulta muy complejo construir gobierno y más si  se deja esta responsabilidad en manos de diletantes y aventureros, a quienes no les interesa garantizar la paz y mucho menos atender las demandas de la población con el fin de disminuir los problemas sociales que prevalecen en gran parte del territorio chiapaneco.

Las condiciones políticas en Chiapas son de una extrema fragilidad, ya que cualquier chispa puede provocar la violencia en las comunidades y más bajo la circunstancia de que la mayoría de las organizaciones se encuentran fuertemente armadas.  

En estas condiciones de caos social  y de violencia el sector que mantiene sus beneficios es el de los grupos de la delincuencia organizada que abiertamente operan en Chiapas y que se encuentra articulado a los diversos conflictos mencionados, que tienen bajo su control a cuerpos policiales, y varias presidencias municipales, y quienes semanalmente aportan recursos a funcionarios de la secretaría de seguridad y de las fiscalía estatal y general de la república, quienes protegen a la delincuencia organizada y colaboran en la creación de patrones de impunidad.

El trasiego como la corrupción es público, por eso sorprende e indigna que esto no sea del conocimiento de los funcionarios federales que reproducen el discurso de un Chiapas seguro, como se informó en la reciente visita presidencial a Chiapas.