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Las consecuencias de la ausencia de gobierno

Editorial
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La situación actual en Chiapas presenta muchos puntos violencia, ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia, que no se habían visto en el pasado y que no están siendo atendidos adecuadamente, en mucho, debido a la indiferencia que caracteriza al gobernador y a la falta de coordinación en las acciones del gobierno, situación que provoca inseguridad y problemas de gobernabilidad. A eso hay que agregarle que existen funcionarios de la fiscalía del Estado, de la secretaría de seguridad y cuerpos policiales que se encuentran al servicio de la delincuencia organizada, lo que ha conducido a un reiterado señalamiento de que no hay gobierno en Chiapas.

En la entidad es un lugar común la toma de casetas, el cierre de carreteras, los conflictos y enfrentamientos en las comunidades indígenas y ahora la violencia que entraña la presencia de la delincuencia organizada, que tiene en Chiapas un vasto territorio de impunidad, como sucede en San Cristóbal de Las Casas, con el grupo de los motonetos, en la región fronteriza de Comitán y Comalapa, en los municipios de Teopisca, Pueblo Nuevo y Rincón Chamula y en el corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, en donde no solo hay una disputa por el control de la plaza sino la intención de destruir a uno de los carteles que operan en Chiapas.

Hay conflictos y problemas que se pueden prever y así adelantar las posibles medidas de solución. Pero estas medidas de prevención no se practican en este gobierno, que prefiere asumir una actitud de indiferencia ante los problemas;  en donde existe un convencimiento desde la cabeza en que los problemas vienen de décadas anteriores y que así ha sido la historia de Chiapas, lo que significa que no hay una responsabilidad que pueda imputarse al actual gobierno.

La descomposición social que hay en Chiapas y la manifiesta incapacidad de construir gobierno en la administración actual, hacen prever, que en la sucesión de la gubernatura en el 2024, la delincuencia organizada va a jugar un papel preponderante en la definición de la política en la entidad y desafortunadamente, el gran elector puede ser la delincuencia y no los partidos políticos y mucho menos la población, como realmente sucedió en las elecciones de los Estados del Pacífico, en donde la delincuencia organizada realizó varias acciones para garantizar el triunfo de Morena a cambio de protección e impunidad.  

La transformación prometida por este gobierno se quedó en el discurso, en virtud de que continúa empleando las mismas prácticas del régimen priista, sobre todo del control que se ejerce sobre el Poder Legislativo, en donde la orden presidencial es que no se le cambie ni una coma a las iniciativas del presidente, mismas que se aprueban sin haberlas leído, como sucedió recientemente con el Plan B de la reforma electoral, que seguramente el lunes va a quedar sin efecto por la Suprema Corte de Justicia y como sucedió la semana pasada en que se aprobaron 20 leyes al vapor violando los procedimientos, lo que implica que estas leyes también van a ser impugnadas y desechadas por la Corte.

Bajo estas circunstancias, de una dificultad en el ejercicio de las libertades políticas, el futuro de Chiapas resulta poco halagüeño, debido a que el factor real de poder se encuentra en manos de la delincuencia organizada, quienes son los que pueden llegar a definir el futuro de la entidad.