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La disputa del presidente en contra del Poder Judicial

Editorial
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En México existe un déficit histórico en la impartición de justicia, sobre todo porque el régimen político mexicano no se ha caracterizado por ser un régimen derecho, en donde se respeten las leyes y todos los actos de cualquier autoridad estén apegados al marco del derecho. Ha sido una práctica tradicional la inexistencia del equilibrio de poderes, en el que el Ejecutivo subordina a los otros dos poderes, situación que representa que la autonomía de los jueces sea solo en papel.

Esta situación de subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo ha venido cambiando, como parte de una sociedad que ha sufrido cambios, y hoy día existen jueces, magistrados y ministros que no aceptan consignas y apegan sus decisiones al marco interpretativo de la ley. Esta situación es más evidente en los delitos del fuero federal que en el fuero común, debido a que en las entidades federativas el Poder Judicial sigue dependiendo, en mucho, de la voluntad de los gobernadores y en Estados como Chiapas, no existe la seguridad laboral en los jueces, lo que debilita la imparcialidad de sus resoluciones.

En este momento se observa un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ruptura que está conduciendo, cada vez más, a una división de poderes, en donde los ministros de la Corte han declarado como inconstitucionales un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso a iniciativa del presidente. Estas resoluciones han provocado linchamientos mediáticos e intimidaciones a los ministros, y por tanto, a todo el poder judicial, por parte del presidente y demás servidores públicos, en donde la más reciente agresión ha sido el señalar de estar podrido la impartición de justicia.

El hecho es que en su momento, distintas voces se pronunciaron en contra del mal proceder de los legisladores, quienes estaban aprobando leyes que son violatorias a la Constitución y que en un recurso la Suprema Corte las iba a declarar improcedentes, como en realidad ha venido sucediendo. Nadie debería de sentirse engañado con las resoluciones de la Corte pues eso se anunció y se conocía desde un principio, sobre todo porque se estaba legislando por ocurrencia y de manera ilegal. Lo único que quedaba en suspenso era si los cuatro ministros nombrados por el presidente iban a actuar por consigna o iban a apegar sus decisiones al marco de la ley. Y sucedió que dos de esos ministros decidieron votar por el respeto del derecho y la protección de los derechos de la población.

La composición de los ministros en la Corte está definida, y las resoluciones en todas esas leyes que se aprobaron bajo el mecanismo abusivo de una mayoría legislativa que vota sin conocer el contenido ni el sentido de lo que está votando, va a estar determinada por una votación de 9 ministros contra dos, a favor del respeto del orden constitucional. Esta situación va a provocar el incremento de los señalamientos en contra del poder judicial, en el que el presidente ya anunció que el 1 de septiembre del 2024 va a presentar una iniciativa para reformar el Poder Judicial y por qué hasta esa fecha, porque el presidente se instituyó como el principal elector del país, en el que anuncia su intención de asegurar la obtención una mayoría absoluta en las dos cámaras que integran Congreso de la Unión, en las elecciones del próximo año.