¿Son irresponsables quienes se amparan en contra del circuito vial?

Si algo había que reconocerle al gobernador Rutilio Escandón es su tolerancia ante las críticas y con ello,  su actitud de no perseguir a quienes disienten de su gobierno. Sin embargo, todo parece indicar que esa tolerancia se rompió el fin de semana, que sin razón alguna con un discurso fuera de lugar e intimidante acusó de irresponsables a quienes se amparan en contra de la obra del circuito vial que busca unir a los dos libramientos.

El amparo es un instrumento de protección de la ciudadanía frente a actos arbitrarios de la autoridad, y al mismo tiempo es un derecho que reconoce la Constitución en el artículo 107 y por lo consiguiente cualquier ciudadano puede hacer uso de ese derecho si considera que se están violando alguno de sus derechos. En este sentido, lo que hizo el gobernador al llamar de irresponsables a quienes se amparan o promueven los amparos es cancelarles ese derecho, lo que lo convierte en automático en un violador de derechos humanos y conscientemente o no, amenazó directamente a quienes se oponen a esa obra, y con ello incurrió en dos delitos: uno, en desacato, en virtud de que existe la medida cautelar de una suspensión definitiva en donde se ordena a la autoridad de abstenerse de cualquier acto que promueva la construcción del circuito vial y segundo, en amenazas e intimidación.

Sin duda, el gobernador se equivocó en su mensaje y más se equivocó quien difunde en una cápsula noticiosa sus amenazas, que está siendo compartida por periodistas y agencias, lo que pone en situación de vulnerabilidad a quienes han decidido hacer uso del derecho de amparo y a quienes disienten de esta obra. El gobernador se equivocó e incurrió en la más primitiva de las acciones del ejercicio de poder, lanzar un discurso amenazante a quienes, por la actividad que realizan, son defensores de derecho humanos y defensores ambientales y las amenazas que se realizan a los defensores está catalogado como un delito federal.

Respecto a los amparos en contra del circuito vial el gobernador está engañado o bien, estando informado, no conoce la motivación de las personas que decidieron promover los amparos. Quien está actuando de manera irresponsable y presumiblemente en actos de corrupción es el gobierno y particularmente el secretario de obras, quien ha estado amenazando y corrompiendo a empresarios de la zona para que se sumen al proyecto de la obra, que en realidad es innecesaria e incluso presionan y amenazan a quienes decidieron ampararse. ¿Por qué hay una irresponsabilidad en el gobierno? Primero, porque anuncian y asignan una obra que no tiene autorizado el estudio de impacto ambiental por parte de la SEMARNAT y por lo tanto no puede realizarse; segundo, porque los recursos federales para la realización de esa obra son parte del Ramo 33 y estos recursos deben emplearse para disminuir la pobreza o para atender la mejora de los derechos sociales, aspecto que es imposible de demostrar cómo disminuye la pobreza la construcción de este puente; tercero, el gobierno ha desinformado a la población al confundir las obras para mejorar la vialidad con las obras para mejorar la movilidad de las personas y con esto, se invierten recursos para mejorar la circulación vehicular y sacrifican al peatón, que se moviliza en transporte público o en bicicleta; cuarto, quienes hablaron del derribo de árboles no es la población sino la solicitud de la secretaría de obras al municipio de Tuxtla, que luego se modificó a trasplantes de árboles, que en realidad, por la falta de tecnología para eseos efectos viene siendo lo mismo.

El gobernador se equivocó, porque la movilización en contra de la construcción del circuito vial se debe a que la secretaría de obras rechaza atender y escuchar propuestas alternativas de los grupos  ambientalistas, que en lugar de cubrir de concreto a la ciudad proponen el empleo de tecnologías verdes. En este sentido, en lugar de amenazar a quienes disienten del proyecto y deciden hacer uso del derecho del amparo, el gobernador debe sentarse con los grupos y escuchar las propuestas alternativas para mejorar la vialidad vehicular y la movilidad de las personas.