La disputa por la construcción del circuito vial

En sociedades autoritarias y de poca calidad de vida democrática, el gobernante no debe tener el derecho a declarar como enemigo a un ciudadano, porque eso significa la posibilidad del uso de la fuerza del Estado y con ello, potenciales violaciones a derechos humanos. Esta conducta se ha perdido de vista en el actual gobierno, en donde con frecuencia  el presidente de la república realiza señalamientos en contra de sus críticos y opositores a los que pomposamente les llama sus adversarios, pero en realidad reciben trato de enemigos, a quienes endilga descalificaciones, amenazas, acusaciones de corrupción o de señalamiento de malandros, que en realidad nunca ha probado. Esta práctica política que caracteriza al presidente López Obrador no se había visto en Chiapas, en donde el gobernador, abierta, directa y públicamente no ha perseguido a alguien.

Sin embargo, el fin de semana, en un acto público, el gobernador abiertamente le declaró la guerra a los opositores a la construcción del circuito vial en Tuxtla Gutiérrez, particularmente a quienes decidieron  promover el derecho constitucional al amparo, a quienes llamó irresponsables y los exhibió como mentirosos utilizando un tono intimidante, que evidencia la actitud del rechazo al diálogo y a la búsqueda de un acuerdo con los grupos ambientalistas, situación que pone en condiciones de vulnerabilidad a quienes por la actividad que desarrollan se les reconoce el estatus de defensores en derechos humanos.

El proyecto de obra del circuito vial se encuentra judicializado, al existir amparos que tienen la medida cautelar de los jueces de distrito con una suspensión definitiva hasta que se resuelva el fondo del amparo. Sobre esta condición, equivocadamente el gobernador decidió politizar el conflicto en lugar de atender y resolver los amparos. Y lo politiza, porque da señales de no estar dispuesto a que transcurran los tiempos que duran los juicios y prefiere la vía política del uso de la fuerza del Estado, o sea la amenaza, lo que pone en riesgo a los defensores de los tres parques que van a ser afectados con la construcción y el funcionamiento de los puentes elevados.

En su mensaje, el gobernador se refiere a que no se van a derribar árboles del parque Caña Hueca y se declaró el principal ecologista de Chiapas –quizá porque mantiene una disputa por el control del partido verde con Manuel Velasco-, lo que evidencia que no conoce el proyecto de obra o está mal informado. Los amparos en contra del derribo de árboles se debió a que la secretaría de obras solicitó la autorización al municipio de Tuxtla el derribo de 490 árboles, entre ellos, árboles con más de 200 años; posteriormente, como una chicanada para dejar sin materia la suspensión definitiva del juez, cambió la solicitud por el trasplante de 580 árboles, que significa lo mismo que un derribo, por la falta de tecnología para realizar los trasplantes y garantizar la vida de estos árboles, situación que reconoce que en el proyecto de obra se contempla el derribo de estos árboles.

Sin embargo, lo más delicado de esta disputa, es que el gobernador solo se circunscribe a los árboles y deja de lado lo más sustantivo de los argumentos de los grupos opositores en donde hay varios biólogos, ambientalistas y urbanistas: los efectos del cambio climático de la obra, en el que se va a colocar a la altura de los árboles una masa de concreto que sobrecalienta el ambiente y que afecta el organismo de los árboles en virtud de que la corriente de los vientos de la ciudad provienen del norponiente de la ciudad, de San Fernando, y obviamente al llegar a la zona de los parques y chocar con el puente elevado, los árboles van a resentir una ola de calor provocado por el concreto; pero además, la construcción del puente rompe el equilibrio ecológico del parque Caña Hueca que representa un corredor natural que conecta la montaña del Cañón del Sumidero con el cerro de Mactumatzá, lo que pone en riesgo la vida de diferentes especies. Otro argumento que se desestima por el gobierno son las corrientes de agua subterránea que provienen de montaña del norponiente que se encuentra habitada y cubierta las calles de concreto, que al buscar el afluente del Río Sabinal, se van a topar con la masa de concreto de cimentación de los puentes.

El gobernador, en lugar de desgastarse en una lucha política, que al estar judicializada la tiene perdida, debe de sentarse con los grupos opositores y escuchar las propuestas alternativas que tienen, sobre todo, porque el proyecto de tecnologías verdes que proponen los opositores a la construcción del circuito vial, obtuvo el tercer lugar en un concurso nacional.