Una respuesta ciudadana

El rechazo a la construcción del proyecto de obra del circuito vial en Tuxtla Gutiérrez ha empezado a tomar la característica de un movimiento social, en el que participan en su mayoría gente joven y mujeres con sus hijos. En estas acciones de lucha para que no se construya esa obra, han desarrollado  tres estrategias articuladas entre sí, que tomó por sorpresa a las autoridades, que han actuado con menosprecio y soberbia, en el que siempre señalaron que no iban a poner a discusión el proyecto de la obra con la población porque se corría el riesgo de no llegar a ningún acuerdo y que la obra se iba a realizar; en este momento la obra está parada por órdenes judiciales, en el que se emitieron medidas cautelares de suspensión definitiva, el movimiento de rechazo al puente elevado va creciendo y de manera organizada y bien hecha, fueron contundentes en dar una respuesta al gobernador, quien con una gran ligereza llamó irresponsables a quienes promueven los amparos en contra de esat obra.

Ayer, en las redes sociales,  empezó a circular un vídeo de la organización “Menos puentes más Ciudad”, en el que varios jóvenes, mujeres y niños le responden al gobernador ¿Quién es el irresponsable? En donde hacen señalamientos de cómo la política de menosprecio y soberbia, encabezada por el secretario de obras, Ángel Torres Culebro, resultó contraproducente, pues en ese vídeo le señalan que se han realizado 45 solicitudes de información que no han sido atendidas por el gobierno y que éste se niega sistemáticamente a hacer público el proyecto de obra.

A través de las solicitudes de información solicitada a dependencias como0 SEMARNAT y CONAGUA, la organización “Menos puentes más Ciudad”, conoció el estudio de impacto ambiental que presentó un particular, una empresa constructora, para que SEMARNAT autorizara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del circuito vial, que hasta el día de hoy no ha sido autorizada, en el que se observa que ese estudio no fue elaborado por especialista en cuestiones ambientales, como siempre lo señaló el secretario de obras, en donde de manera irresponsable un particular sustituyó al gobierno en la presentación de solicitud del (MIA), que ese estudio presenta muchas carencia de información sobre la afectación de los árboles, que en ese estudio no se presenta las afectaciones hídricas en un área en el que existen muchos escurrimientos de agua y corrientes subterráneas que desembocan en el Río Sabinal, en donde se proyecta colocar pilotes de carga a la veda de éste río, que de acuerdo a la ley los costados de ese terreno pertenece a la nación y es resguardado por la Comisión Nacional del Agua; todas estas deficiencias y varias más en el estudio de impacto ambiental, no hacen posible que SEMARNAT autorice la obra pero el gobierno sigue empecinada de que esa obra va.

El gobierno, de manera infantil, se ha cerrado al diálogo a pesar de las solicitudes realizadas y al trámite para que, en el marco de la ley de participación ciudadana se dé una audiencia pública, que el propio Ángel Torres está boicoteando para que esa audiencia asistan funcionarios menores sin capacidad de resolución, sin que se dé cuenta que este boicot solo proporciona mayor información para que continúen los amparos y uno de estos recursos sea dirigido al Tribunal Electoral, por violaciones al derecho a la participación ciudadana, y como consecuencia de esto, violaciones a los derechos políticos.    

Al gobierno de Rutilio Escandón no le queda claro que “Menos puente más Ciudad” decidió en su estrategia de protesta acudir a los tribunales federales, en el que ha obtenido medidas cautelares de suspensión definitiva de la obra, de dos jueces federales; pero ligado a esta judicialización está realizando incidencia política, en el que ha organizado tres marchas, una serie de eventos culturales en los parques Caña Hueca y Joyyo Mayu, publicado varias vídeos en el que con datos veraces demuestra que el problema vial, que motiva la construcción de ese puente elevado, se puede resolver con el empleo de tecnologías verde y con una mejor sincronización de los semáforos, pero sobre todo, con los 2 400 millones de pesos que se pretenden destinar para un puente que no es útil y que no resuelve los problemas de movilidad de las personas, se pueden resolver muchos problemas de vialidad y de movilidad en colonias de alta marginalidad en Tuxtla, que carecen de agua y drenaje. Sobre todo, porque los recursos que se están utilizando para la construcción de los puentes es del Ramo 33, que tiene como componente indispensable la combate a la pobreza y la atención a los derechos sociales de la población, aspectos que no se han cuidado en el ejercicio de recurso, que no combate a la pobreza ni atiende a la solución de carencias sociales y que puede considerarse de que existe un desvío de recursos por parte de la secretaría de obras.