El gobernador no tiene quien le informe

Los enfrentamientos en comunidades en Frontera Comalapa y otros municipios de La Región Sierra, tuvieron resonancia nacional, lo que obligaba al gobierno de Rutilio Escandón a comprometerse con la búsqueda de la verdad y garantizar una investigación con la debida diligencia que condujera a la sanción de los responsables de esos enfrentamientos, así como al castigo de todos los funcionarios que por omisión, por acción o por aquiescencia han sido partícipes de la impunidad y del  crecimiento de la delincuencia organizada en esa región. Pero el gobernador, en lugar de actuar con la responsabilidad a que lo obliga su investidura, prefirió minimizar los hechos e inclusive negar el número de muertos y desplazados y sin medir las consecuencias afirmó, que es la propia delincuencia organizada quien difunde esos ataques para desprestigiar a su gobierno.

Con esa actitud, lo que realmente hizo el gobernador, fue llamar a todos los medios nacionales de mentirosos y obviamente la respuesta no se hizo esperar y la revista PROCESO, que inició su circulación este sábado, le dedicó la portada y un reportaje de esos enfrentamientos. Por un mal manejo de medios en el gobierno, no se duda que otros periódicos y distintos columnistas le dediquen espacios para difundir los graves problemas que padece la entidad, y golpeen a un gobierno que carece de legitimidad y que, de acuerdo a distintas casas encuestadoras, se encuentra clasificado entre los tres peores gobiernos en el país.

Chiapas, de esta manera, está presente en los medios y noticieros importantes del país, como una entidad en el que los dos principales cárteles del país se disputan el control de un territorio en la frontera sur de México, que está convertido en una ruta del tráfico de drogas y de migrantes y que el gobernador, en lugar de establecer como una política prioritaria en la entidad la seguridad y la construcción del orden público, minimiza los enfrentamientos y rechaza que haya el número de muertos y de desplazamiento de población que señalan organismos de derechos humanos en la entidad, situación que evidencia que no hay nadie que le informe al gobernador lo que realmente sucede en Chiapas, o bien, aún informándole, el gobernador prefiere mantener su indiferencia y minimizar los enfrentamientos.

La presencia de grupos paramilitares y el crecimiento de la delincuencia organizada en distintos puntos de la entidad, obligan a establecer un programa emergente de recuperación del territorio, no con la perspectiva militar como la que representa la intervención de la Guardia Nacional, sino a través de una política multifactorial que aborde integralmente distintas carencias y dificultades en cientos de comunidades, que se encuentran en este momento bajo el control del crimen organizado, y que el estado no debe cruzarse de brazos ante esta problemática, porque eso significa dejar a su suerte a miles de personas, que se unirán, bajo distintas condiciones, a las diferentes actividades de la delincuencia organizada.