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La falsedad de los usos y costumbres

Editorial
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Chiapas vuelve a ser noticia nacional por su falta de aplicación de la ley y por participar en la negociación para liberar a los hijos de la presidenta municipal de Mitontic, que fueron secuestrados por miembros de una comunidad, que reclamaban al gobierno municipal el pago de 5 millones de pesos, que presuntamente le fueron robados en un asalto al tesorero. Este hecho se difundió a nivel nacional, en el que sobresalen dos aspectos: una comunidad que reproduce la práctica del secuestro, como medida de presión, para exigir el dinero en efectivo, de obras comprometidas por el municipio, que finalmente no se realizan, porque los miembros de la comunidad prefieren que ese recurso se reparta entre los miembros de la comunidad y más grave que este hecho, es que el gobierno estatal, en lugar de aplicar la ley, es quien finalmente aporta el recurso para liberar a los secuestrados, aunque lo disfrace como un adelanto de recursos al municipio, situación que evidencia que en Chiapas no hay gobierno

Los usos y costumbres en las comunidades indígenas, que argumentan como pretexto las autoridades para no aplicar la ley, es un argumento falso. Los usos y costumbres deben ser respetados por el Estado siempre y cuando estos no sean violatorios a los derechos humanos de las personas, algo que sucede con mucha recurrencia en las comunidades, lo que no puede considerarse como prácticas del uso y la costumbre sino como delitos que deben ser investigados y sancionados por la autoridad para que estas acciones no queden en la impunidad.

Son muchas las ocasiones en que funcionarios municipales o del gobierno estatal son secuestrados en las comunidades y luego liberados por una cantidad de dinero, situación que ha sentado precedentes de impunidad y es lo que ha generalizado esta práctica. El gobierno tiene conocimiento de esta situación y se vuelve cómplice de estas prácticas al participar en la negociación y en la aportación de los recursos como realmente sucedió el día de ayer, con la liberación de los hijos de la presidenta municipal de Mitontic.

En Chiapas no hay gobierno, y en muchas comunidades indígenas se vienen reproduciendo prácticas perversas y violatorias a derechos humanos, que de ninguna manera pueden considerarse como parte de los usos y costumbres sino como delitos, en el que inclusive se cometen delitos del fuero federal, que quedan impunes. Los ministerios públicos no investigan estos delitos y la debida diligencia queda convertida en una caricatura, que deteriora y devalúa la aplicación de la justicia.

Esta conducta perniciosa ha deteriorado las relaciones en las comunidades y provoca vacíos y problemas en el funcionamiento de las instituciones estatales, sobre todo en las instituciones responsables de la impartición de la justicia y garantía del orden social.