El colectivo Menos Puentes Más Ciudad

El gobernador se encuentra molesto porque el colectivo Menos Puentes Más Ciudad ha realizado acciones políticas y jurisdiccionales para impedir que se realice la construcción del circuito vial sobre los parques de Caña Hueca y Joyyo Mayú, en el que se afectarían los ecosistemas que habitan en esos parques, y por eso ha emprendido una campaña para desacreditar a esa organización en el que incurre a mentiras y en graves violaciones a derechos humanos.

En un acto público, que el propio gobierno de manera irresponsable y criminal difunde, el gobernador expresa mentiras y de manera consciente, pero irreflexiva, ataca a los activistas ambientales de esta organización y con ello viola las obligaciones del Estado, establecidas en la Constitución de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos. En su mensaje en ese acto el gobernador presume la construcción de puentes, que según él necesita Tuxtla para la comunicación, en el que incurre en la primer mentira: Tuxtla lo que necesita urgentemente es mejorar el mantenimiento de las calles, que se encuentran muchas de ellas intransitables y mejorar el abastecimiento de agua potable, en donde un porcentaje de población que habita esta ciudad no tiene este servicio.

En ese mensaje el gobernador, de manera discriminatoria, asegura que los que se oponen a la construcción de los puentes se dicen ecologistas, sin darse cuenta que con esa aseveración pone a este grupo ambientalista en condiciones de vulnerabilidad y los estigmatiza, en donde viola con ello, su obligación de garantizar y respetar los derechos humanos.

El gobernador manifiesta que este grupo denuncia que en esa obra se van a derribar árboles del parque Caña Hueca lo que, según él gobernante, es falso, aseveración que es totalmente incorrecta, porque este grupo ambientalista solo denunció lo que el cabildo de Tuxtla en su momento aprobó, el derribo de más de 400 árboles, a petición de la secretaría de obras del Estado. Frente a este acuerdo, miembros de la comunidad solicitaron amparos y ante esta respuesta de la sociedad, el mismo cabildo de Tuxtla modificó el acuerdo y estableció el trasplante de más de 500 árboles, acuerdo que también ocasionó amparos. Ante esto no hay duda alguna, el gobierno de Chiapas pretendía derribar árboles para construir el circuito vial, obra que hasta ahorita el gobierno no ha podido demostrar su utilidad, más que con un discurso banal sobre el progreso.

En su afán de desprestigiar esta lucha social, el gobernador, sin prueba alguna, denuncia que esta organización ya se puso de acuerdo con el poder judicial para interponer amparos; con esta aseveración, de manera indirecta el gobernador denuncia corrupción y dolo del poder judicial, como si los jueces federales no fueran autónomos y estuvieran sujetos a un poder jerárquico, algo que el gobernador Rutilio Escandón debiera de conocer porque él, en la peor decisión de Manuel Velasco, lo nombró presidente del poder judicial en Chiapas, instancia que quedó prostituida con el lamentable desempeño de Escandón Cadenas, que emprendió y continúa realizando, la liberación de presos que están condenados, sin tener ninguna atribución legal para ordenar tal disposición.

En un total desconocimiento, el gobernador manifiesta su oposición al juicio de amparo en contra de las obras, en el que muestra su ignorancia que el juicio de amparo es en contra de cualquier violación o arbitrariedad que cometen las autoridades o gobernantes. Y en el caso particular de la obras de las puentes en Tuxtla, está claramente demostrado que esas obras están violando derechos, de allí que los jueces de distrito hayan emitido medidas cautelares que ordenan la suspensión de las obras.

En su afán de desprestigiar al grupo Menos Puentes Más Ciudad, el gobierno, de manera anónima, difunde un vídeo en el que realiza acusaciones sin fundamento, con el solo objeto de desacreditar a estos ambientalistas, lo que pone al gobierno en actos de acción y omisión en violaciones de derechos humanos, lo que convierte al gobernador y demás funcionarios de Chiapas en sujetos de potenciales denuncias por violar las obligaciones constitucionales de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos.