Los puentes, monumentos a la corrupción del gobierno

El gobierno no puede actuar con actos ilegales en contra de la población, como lo viene haciendo el gobernador Rutilio Escandón hacia el colectivo Menos Puentes Más Ciudad. Sobre todo porque la construcción del circuito vial, que de manera caprichosa y con actos de corrupción, se pretende construir no fue sometido al proceso de consulta ciudadana que diversas normas y reglamentos establecen. Es más, a la secretaría de obras este colectivo le solicitó se realizaran reuniones y nunca fue atendida esta petición, lo que ocasionó que se solicitara, bajo el principio de la Ley de Participación Ciudadana, una audiencia pública, procedimiento que regula el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y ni así se prestó Ángel Torres, secretario de obras a mantener una reunión con este colectivo.

Fue a partir de que el propio IEPC, le envió por escrito a la secretaría de obras, que la solicitud de audiencia pública es de cumplimiento obligatorio y no de contentillo de los funcionarios, y a que el colectivo ya había interpuesto más de 40 amparos, que el funcionario en mención aceptó reunirse con el colectivo Menos Puentes Más Ciudad, reunión a la que no tuvo los resultados esperados y que la propia secretaría de obras incumpliera los mínimos acuerdos obtenidos, de que iba a existir una relación de respeto y no agresión, lo que ocasionó la ruptura en la comunicación, debido a que el ´propio Ángel Torres junto con otros funcionarios han sido señalados como los responsables de acosar a las personas que interpusieron los amparos para amenazarlos e incluso ofrecerles cantidades de dinero hasta un monto de 500 mil pesos.

Ante la presión y las amenazas orquestadas por el gobierno, algunas personas, acompañadas por personal del gobierno, se desistieron de los amparos, situación que aprovechó la secretaría de obras para emitir la convocatoria de la licitación de obras, que contenía en sí irregularidades, como la de otorgar a la firma del contrato de asignación de la obra el 50% del costo programado para su realización, que consistía en mil 250 millones de pesos. Esta licitación representaba un desacato a la orden de suspensión definitiva instruida por un juez de distrito, lo que implicaba responsabilidades penales para el secretario de obras, lo que ocasionó que la fecha establecida para dar el fallo se suspendiera y reprogramara la reunión y luego esta convocatoria se declarar desierta. En todo este proceso, los ciudadanos inconformes han actuado bajo el principio de legalidad, pero no así el gobierno de Rutilio Escandón, que ha hecho de las amenazas, linchamientos mediáticos e intimidaciones, el instrumento para obtener el desistimiento de los amparos y que el colectivo de ciudadanos inconformes abandonen esta lucha, que le permita al gobierno realizar una obra inútil, que afecta los ecosistemas en los parques de Caña Hueca y Joyyo Mayú y que se ejerza un presupuesto inicial de 2 mil quinientos millones de pesos, en una obra que no resuelve los problemas de movilidad de las personas.

El gobernador Rutilio Escandón, en lugar de mostrar su ignorancia jurídica, haciendo acusaciones en contra de los jueces del Poder Judicial Federal, acusaciones falsas y dolosas, como la de señalar que son los jueces de distrito los que corrigen los amparos para que procedan y que hay jueces que se oponen al progreso de Tuxtla, señalamientos que le pueden ocasionar el inicio de un procedimiento penal, mejor debiera de instruir para que se realicen la transferencia de estos 2 mil 500 millones de pesos, a otros programas de obra, debido a que esta obra se encuentra jurídicamente imposibilitada de realizar y de no hacerse la transferencia de recursos se corre el riesgo de que esta cantidad se pierda al cierre del ejercicio fiscal.

Los cálculos y estudios realizados por el propio colectivo Menos Puentes Más Ciudad, en el que participan arquitectos, biólogos, ambientalistas, planeadores urbanos y otros profesionistas, demuestran que con ese monto asignado es posible reparar las calles de Tuxtla que se encuentran afectadas, realizar las obras de mitigación de lluvias y proporcionar servicios públicos a Tuxtla como agua potable y drenaje. Obras que debieran ser una prioridad para el gobierno, que se encaprichó en la construcción de puentes, porque eso facilita construir monumentos a la corrupción y obtener recursos destinados para las campañas políticas.