¿Quién es el responsable de las ejecuciones extrajudiciales en Chiapas?

Después del asesinato de la maestra que fue secuestrada en las aulas de una escuela perteneciente al COBACH, en una comunidad del municipio de Amatenango de la Frontera, ya no se puede ocultar la triste realidad, en la que el Estado perdió la capacidad de garantizar, proteger y respetar la vida de la población en Chiapas. La guerra que se vive en gran parte del territorio afecta a la población civil y en esta guerra la delincuencia organizada perdió el principio del respeto a la familia, que se ha considerado como una ley de oro en los grupos de la mafia.

En Chiapas nadie está a salvo. Esto aún y con la presencia de la Guardia Nacional, que no ha impuesto la seguridad y el respeto a la autoridad en una amplia región perteneciente a los municipios de la Sierra –de Motozintla a Frontera Comalapa-, en donde se vive desde hace más de tres años una guerra por el control del territorio entre los grupos de la delincuencia organizada, de la que el Estado tiene perfecto conocimiento, pero que prefiere mantener una política de ocultamiento de la información y mantener el falso discurso de que en Chiapas se vive en paz y tranquilidad, como lo ha afirmado muchas veces el presidente de la república.

¿Qué hace el gobierno para controlar este clima de violencia en Chiapas? Nada. Ni siquiera toma la decisión de investigar y sancionar a los funcionarios y comandantes de las distintas fuerzas policíacas que han sido señalados de mantener vínculos con la delincuencia organizada y que es fácil de verificar por los cambios en el nivel de vida que tienen y que no se preocupan por ocultar. A la vez, son muchas voces que han señalado que en Chiapas hay un narcogobierno, sin que hayan muestras por querer desmentir esta afirmación, que se repite de persona a persona en muchos círculos sociales en la entidad.

La realidad en Chiapas ya no puede seguirse ocultando con mentiras. La ejecución de la maestra del COBACH, en la que se señala que hay muestras de tortura, debe ser la gota que derramó el vaso y poner un hasta aquí a las autoridades que por acción u omisión son responsables de esta situación de violencia en la entidad. Es un hecho, que el fiscal general del Estado no sirve para nada. Es una realidad que la secretaria de seguridad pública está rebasada y que no es ella la que tiene el control de esa dependencia, en donde existen subsecretarios con más poder y que le rinden cuenta a un diputado federal que se desempeñó como secretario de seguridad y luego como fiscal del Estado, a quien se le señala como el responsable de entregar la plaza a la delincuencia organizada. Es obvio que en Chiapas no hay gobernabilidad, por la nula presencia de la secretaria general de gobierno que no es respetada por nadie. Pero lo más grave de todo, es que no hay gobernador, que mantiene una actitud de indiferencia ante el desastre social que hay en Chiapas.

La situación que se vive en Chiapas, en donde la delincuencia organizada impuso el control en gran parte del territorio, obliga a que rueden cabezas en el gobierno. En este sentido el gobernador Rutilio Escandón debe valorar si ruedan las cabezas de colaboradores que nunca funcionaron o se pone su propia cabeza en la picota.