Es una práctica recurrente que los Estados-nación le asignen al sistema educativo la responsabilidad de la formación ciudadana. Pero en países de América Latina, regularmente este intento se queda lejos de la intención por implementar una educación para la construcción de ciudadanía. Sobre todo, a que la construcción de ciudadanía implica también la construcción de los derechos inherentes a ella, lo que significa procurar la vigencia, ampliación y creación de derechos sociales y económicos, fomentando con ello la libertad e igualdad en las condiciones de vida y en la participación democrática de la sociedad.
Estos aspectos representan, implícitamente, el reto de la transformación social y la construcción de nuevas condiciones culturales, políticas y económicas. Situación que orienta un nuevo sentido de la ciudadanía, en contraposición al pensamiento liberal, en el que se busca circunscribir el papel del ciudadano al ejercicio al voto.
La educación para la construcción de ciudadanía traspasa las fronteras de la educación formal y su aprendizaje no se circunscribe a los espacios cerrados en el aula. La educación para la ciudadanía es un aprendizaje continuo y permanente en la familia, en la escuela, en la calle, en el trabajo y se construye en procesos informales y no formales en la vida cotidiana, lo que viene siendo el papel de un currículo oculto, en el que se aprende más del ejemplo y de las prácticas culturales más que de los saberes escolarizados.
En este sentido, la educación para la ciudadanía va más allá del desarrollo de los procesos político-electorales; es una forma de vida continua desde el nacimiento hasta la muerte, que se presenta en la esfera de lo social, de lo cultural, de lo educativo, de lo simbólico y de lo económico. Implica, sobre todo, una transformación de las instituciones concebidas como espacios simbólicos y no meramente como establecimientos.
La historia del país nos muestra una concentración del poder, y la actividad política se convirtió en un predominio total del Estado sobre la población y las organizaciones. Esto produjo un sistema político y una cultura de marginación política, de populismo y clientelismo hacia las clases populares y una restricción férrea a la participación política, lo que se convirtió en un obstáculo para la construcción de ciudadanía y de formas democráticas de gobierno y convivencia.
En este sentido, la democracia que se vive en México es de ficción. En donde las elecciones no corresponden a un ejercicio político de elección libre de los gobernantes y representantes en el Congreso. Esto ha generado un déficit en la formación ciudadana, un déficit en las prácticas democráticas y un déficit en la manera como se proporcionan los derechos humanos. La tradición de política autoritaria permanece a través de las distintas formas mediante las cuales se constituye la dominación y el ejercicio del poder.
Si en términos generales, en México existe una mala calidad de la democracia, esta situación es aún peor en el Estado de Chiapas, donde prevalecen formas de dominio tradicionales, en la que el 76% de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con el sistema educativo más ineficiente en el país y con un 18 % de su población analfabeta, lo que genera condiciones de fortalecimiento para una subcultura política en la población, que recibe de manera deficiente un conjunto de derechos sociales y económicos, que obstruyen y dificultan el establecimiento del lento e inacabado proceso de construcción de la democracia en México.
Esta ausencia de ciudadanía imbricada con una deficiente educación, termina por cancelar las posibilidades de un desarrollo de las ideas progresistas en la sociedad chiapaneca, lo que fortalece las visiones tradicionales y las prácticas políticas autoritarias en la población. Situación que propicia acciones de lucha con violencia, cierre de carreteras y bloqueos en el priva la violación de derechos humanos y la irracionalidad y toma de edificios públicos que terminan siendo incendiados por el enardecimiento de la gente.
