La corrupción en el manejo de los RVOE

La educación privada forma parte de una concesión que otorga el Estado a los particulares, a través de un reconocimiento de Validez Oficial de Estudio (RVOE). La anterior Ley General de Educación contemplaba que el RVOE se puede tramitar en el ámbito estatal o federal y eso abrió las puertas para que la educación privada creciera en todos los niveles, situación que generó que en Chiapas la educación superior privada fuera un boom como negocio, y que se abriera en toda la entidad universidades privadas, a tal punto que la matrícula de alumnos en estas instituciones tenga la misma proporción que existe en la educación superior pública.

Con la reforma de la Ley General de Educación en este gobierno, la educación superior establece una restricción en el campo de la salud, en el que se norma que el otorgamiento de RVOE en licenciaturas en el campo de la salud es facultad exclusiva de la federación, con esto se presenta una regulación de la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Salud para revisar y autorizar los programas de licenciatura y posgrados en el campo de la salud.

En Chiapas, con una profunda ignorancia, corrupción y mala fe, se realiza una interpretación equívoca de la ley y se lleva a cabo la cancelación de los RVOE, a las universidades privadas que imparten programas de licenciatura en el campo de la salud,  que fueron otorgados por la entidad, con anterioridad a la reforma de la Ley General de Educación. Esto significa que en Chiapas se aplica con retroactividad una ley, que no se respeta el criterio constitucional de aplicar la ley que más beneficia a las personas (pro homine), y que se viola flagrantemente el derecho a una educación superior, en virtud que la irresponsabilidad de un funcionario de la secretaría de educación estatal estaría ocasionando la pérdida de la calidad de estudios de todas las personas inscritas en universidades privadas en una licenciatura en el campo de la salud, toda la vez que las universidades públicas no tienen capacidad para admitir a estos estudiantes.

Frente a esta violación a derechos cometidos por la secretaría de educación en Chiapas, los dueños de las universidades privadas acudieron al amparo, y como las violaciones son tan flagrantes, los Juzgados de Distrito ya empezaron a admitir los amparos y a instruir las medidas cautelares de suspensión del acto, mismos que ya fueron comunicados a la autoridad estatal. Frente a esta situación, la semana pasada se realizó una reunión entre la secretaría de educación, y las universidades privadas en el que se afirma que participó el director de comunicación social del estado, Julio Rincón; en esa reunión no se llegó a ningún acuerdo, pero el día de ayer, un abogado de nombre Pedro Pablo se empezó a comunicar con los dueños de las escuelas para informar que se van a otorgar facilidades a las universidades que se desistan de los amparos, de no molestarlos por un tiempo que les permita regularizar la situación de los RVOE en la federación y para ello tienen que dar una aportación de 100 mil pesos por universidad, situación que representa una clara extorsión, debido a que en el marco de la ley, ninguna universidad está obligada a regularizar el RVOE, porque eso significa que se aplica la retroactividad de la ley, y menos si los amparos están siendo admitidos por los juzgados federales.

Esto representa una clara expresión de la corrupción que hay en el gobierno de Rutilio Escandón, que de manera cínica e hipócrita realiza de manera permanente una campaña de promoción en el que señala que en Chiapas no hay corrupción. Campaña que no se le cree, porque la corrupción en este gobierno está en todas las secretarías de la administración pública, de la que no exenta la propia oficina del gobernador.