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La formación de un nuevo gobierno

Editorial
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El triunfo de Eduardo Ramírez Aguilar en el proceso interno de Morena, lo sitúa como el candidato a la gubernatura de Chiapas, con los riesgos y retos que esta tarea representa, en el que se requiere la reconciliación de todos los grupos en el Estado y convocar a un gobierno de coalición, donde sean incorporados los mejores hombres y mujeres, sin importar la afiliación política, debido a que Chiapas es una entidad muy polarizada y se dividió aún más por esta disputa preelectoral, en donde no hay tiempo para perderlo en venganzas, persecuciones y rencores, particularmente porque en Chiapas hay todo por hacer, como para destinar recursos y energía en fabricar infiernitos que ocasiona distracciones para emprender los cambios que se requieren.

Chiapas vive hoy día la peor crisis social de su historia y con una inercia gubernamental, que muchos analistas señalan que la convivencia social está deteriorada y que, para males, tiende a agravarse, en el que se prevé dificultades en por lo menos 30 municipios para instalar las casillas electorales, que ponen en riesgo al proceso electoral. Esta situación, obliga desde este momento en que está por constituirse un nuevo gobierno,  a tomar medidas urgentes y necesarias para controlar la violencia y poner límites a la guerra entre cárteles, y para ello se requiere claridad en los proyectos que deben de impulsarse a la voz de ya, si el nuevo gobierno no quiere iniciar su gestión con desagradables sorpresas ocasionadas por la narcoviolencia.

En este sentido, urge diseñar políticas públicas en distintas dimensiones. Lo primero es definir  un proyecto para la construcción de paz, que no solo implique la no violencia sino también la mejora de la seguridad y la impartición de justicia, aspectos en el que Chiapas tiene déficits preocupantes. Una segunda dimensión está en la creación de un programa emergente para la recuperación económica, en el que se establezca un fondo de ayuda económica y de estímulos a los sectores productivos. En esta misma dimensión, se requiere destinar recursos al campo, que ha sido peligrosamente descuidado en estos últimos años, en la que se ha perdido capacidades para  garantizar la soberanía alimentaria.

Particularmente se requiere de programas de atención integral en los municipios fronterizos de La Sierra y en los Altos de Chiapas, en el que se concentran núcleos de población en condiciones de pobreza, prácticamente abandonadas por la actividad del Estado, lo que facilitó que la delincuencia organizada haya penetrado y alterado en mucho las redes comunitarias, que se deben reconstituir, para evitar el dominio y la sustitución del papel del Estado por parte de la delincuencia. Para ello resulta importante establecer una política de justicia transicional y restaurativa en esas regiones, para construir un proyecto de paz, sin que queden impunes los delitos del pasado.

Especial atención requiere una política ambiental, en donde resulta relevante una reforma constitucional que reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos. De nada sirve que Chiapas sea la reserva hídrica de agua dulce más importante del país, si esta agua se encuentra contaminada. De igual manera, los efectos del cambio climático está modificando los ciclos de la agricultura y sus efectos no pueden pasar desapercibidos para la política.

Chiapas se encuentra en su última oportunidad para cambiar su historia de abandono, pobreza e injusticia, en el que los costos son irreversibles si se continúa con una política de indiferencia, frivolidad, corrupción y un crecimiento de la violencia y de la delincuencia organizada.