Construir gobernabilidad democrática

En pleno proceso sucesorio de la gubernatura, los problemas de gobernabilidad y de seguridad en la entidad se están viviendo a diario, como sucedió el día de ayer en el que la delincuencia tuvo enfrentamientos en Villaflores y Villacorzo o los disturbios ocasionados por los estudiantes normalistas en el centro de Tuxtla Gutiérrez.  El hecho es que la cantidad de demandas de la población sobrepasan en mucho a la capacidad de respuesta del gobierno, que incrementa a diario su déficit de atención y de capacidad de respuesta, debido a su falta de operación política y a su ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, que tiene paralizada las principales actividades económicas y no atiende con eficacia las demandas campesinas, aún y cuando haya disponibilidad de los recursos federales.

En este momento el riesgo mayor en Chiapas es que todos los conflictos de la entidad, particularmente los indígenas,  estén siendo imbricados por la delincuencia organizada, debido en mucho a la ausencia de gobierno y al ineficaz manejo de los asuntos políticos, que se complican por la indiferencia gubernamental y la ausencia de un programa de inversión pública con propósito de construir gobernabilidad en los municipios y en las comunidades.

Este escenario de tensión y violencia en la entidad, muestra la debilidad de un gobierno, que por su falta de capacidad para construir acuerdos políticos, provoca mayor violencia y un uso selectivo de las fuerzas policiales, como sucedió el día de ayer en Tuxtla con los estudiantes normalistas, que se equivocaron totalmente al dirigir su violencia en contra del trabajo periodístico que los reporteros realizan, de allí que se les trate como vándalos y no como luchadores sociales.

En este sentido, el escenario político-electoral no puede ser más delicado, en donde se combinan el conflicto social con crisis económica, todo ello aderezado con un gabinete sin oficio y sin capacidad de respuesta, que después de cinco años de gestión, aún no se ha dado cuenta de las dimensiones de los problemas que tiene en jaque a la entidad, de allí el pobre margen de operación política, que ha permitido que la delincuencia organizada se apropie de mayores espacios territoriales y que imbrique otras luchas sociales.

Para cambiar el rostro de violencia y de ingobernabilidad, el gobierno requiere mejorar su operación política; esto significa realizar por lo menos tres cambios en el gabinete –en la secretaría de gobernación, en la fiscalía del Estado y en la secretaría de seguridad pública-, y emprender de manera emergente un programa de inversión tanto en el campo como en las ciudades para contrarrestar el malestar y dejar de hacer remodelaciones en los parques y mercados que no disminuyen los problemas de gobernabilidad. Las condiciones electorales implican nuevas responsabilidades, en donde Rutilio Escandón debe cuidar su salida del gobierno y dejar de estimular las ambiciones de sus funcionarios que confunden la responsabilidad del servidor público con campañas políticas y de beneficio personal.

El escenario electoral tiene actualmente una combinación en el que se percibe un desastre político y económico en la entidad, con una alta conflictividad y enfrentamientos armados que requiere de mayor presencia del Estado, en el que se procure construir gobernabilidad democrática y no orden con violencia policíaca, todo ello para evitar que se contamine el proceso electoral y se ocasionen riesgos mayores en un proceso que es concurrente, en donde las afectación de las elecciones no serían solo para el proceso local sino también para  las elecciones presidenciales.