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La violencia pone en riesgo a las elecciones

Editorial
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En los dos últimos días se han vivido jornadas de violencia, así fue en los municipios de Tila, Pichucalco, Villaflores, Villacorzo y Tapachula y hubo movilización de camionetas con personas armadas en San Juan Chamula y San Cristóbal. Frente a esos sucesos el gobernador Rutilio Escandón manifiesta que vamos muy bien, cuando en realidad el número de muertos y ejecutados se acumulan en su gobierno, sin que haya una investigación debida de los hechos y, peor aún, sin que haya responsables de los mismos, lo que viene a reproducir los patrones de impunidad en Chiapas.

La realidad no se oculta negándola, como se hace en este gobierno, en el que se insiste en señalar en que todo va muy bien, cuando la violencia y el descaro con que se mueve la delincuencia organizada en todos los lugares es evidente. Sobre todo, porque se conoce el nombre de los funcionarios de la fiscalía del Estado y de la secretaría de seguridad que se encuentran al servicio de la delincuencia, y no se investiga ni se inician procedimientos administrativos en contra de estos funcionarios que, sin duda, cuentan con la protección gubernamental, por eso continúan en sus cargos, más no así en las responsabilidades que les corresponde cumplir.

El incremento de la violencia en Chiapas se debe al desempeño de los funcionarios del propio gobierno, que tienen convenio y, por lo tanto, reciben dinero de los dos cárteles que se disputan el territorio. Al respecto, se han señalado los nombres de los funcionarios que participan con el cartel Jalisco y quienes participan con el cartel Sinaloa, pero hay una terrible omisión por parte de las máximas autoridades al no aplicar la ley, lo que genera la multitud de rumores y señalamientos que circulan de distintas maneras.

Lo grave de toda esta situación, es que los enfrentamientos armados y las ejecuciones van a continuar, debido a que lo que está en juego es el control del territorio y en este momento resulta imposible que los dos cárteles cohabitan en la entidad; de allí lo encarnizado de esta disputa y la continuidad de la violencia, que afecta y deteriora todas las actividades productivas legales en el Estado, particularmente al turismo, que se encuentra en vísperas del más importante período vacacional.

Frente a esta violencia, el gobierno no solo guarda silencio sino que niega que Chiapas tenga problemas de inseguridad. Esto a pesar de que los sucesos armados y las ejecuciones se publican en los medios nacionales. El hecho en sí, es que Chiapas está contaminado por la narcoviolencia, en condiciones políticas en que no hay gobierno y el proceso electoral del 2024 está por iniciar. Este no es un problema menor, en virtud de que las expectativas de Morena son la de recibir un millón quinientos mil votos de Chiapas, una cantidad difícil de lograr sino se mejoran las condiciones sociales de la entidad y se dan garantías a la población para que salga a votar, sin miedo, el día de la jornada electoral.