Desde la formación del México independiente, Chiapas representó un problema de seguridad nacional, por eso la elite gobernante decidió incorporar ese territorio al país y así prolongar los límites de la frontera 250 kilómetros más al sur del Istmo.
En la historia reciente, el problema de seguridad nacional en la entidad se percibe en dos sucesos que generaron en Chiapas la renuncia simultánea del secretario de gobernación y la del gobernador del Estado: la primera en 1994 con el levantamiento armado zapatista que provocó la renuncia de Patrocinio González Garrido a la secretaría de gobernación y la de Elmar Setzer Marseille, a la gubernatura del Estado; la segunda, en 1997, con la matanza de Acteal, que generó la renuncia de Emilio Chuyfett a la secretaría de gobernación y de Julio César Ruíz Ferro a la gubernatura de la entidad.
Por eso, en las circunstancias actuales de Chiapas, el desempeño del secretario de gobierno contiene una alta responsabilidad, pues sobre él recae la seguridad interna, el restablecimiento del orden, la negociación y la construcción de acuerdos con los grupos en la entidad, situaciones que requieren un importante trabajo político, que desafortunadamente Juan Carlos Gómez Aranda no sólo no lo viene realizando, sino que con su inacción en la operación política, pareciera que se empecina en incendiar el Estado.
En Chiapas, gran parte de los conflictos políticos que se viven, se debe a la disputa abierta que hay por la gubernatura, donde los aspirantes vienen desarrollando un trabajo político cada vez más protagónico, anteponiendo los intereses privados al interés público, debilitando, deslegitimando y conflictuando la convivencia y el trabajo del gobernante, cuando aún faltan 16 meses para la sucesión.
En esta disputa por la gubernatura, el secretario de gobierno juega un papel a favor del senador Luis Armando Melgar Bravo, lo que lo descalifica para continuar desempeñando esa responsabilidad con imparcialidad, pues carece del equilibrio y la equidad en sus acciones y decisiones
Las condiciones sociales en Chiapas no son las más halagüeñas, de allí la urgente necesidad de un secretario de gobierno avocado a construir los espacios de gobernabilidad, preservando siempre el interés público y no los beneficios de los grupos de interés.
La seguridad está resquebrajada en Chiapas, en el que cualquiera puede cerrar las carreteras, impulsar la toma de las casetas de cobro y realizar bloqueos en la puntos de acceso a la capital y sobre esta situación se desarrolla la impunidad y la corrupción en el gobierno.
La condición de Chiapas, ya de por sí difícil, se conflictúa aún más por las condiciones nacionales que manifiesta también un déficit de gobernabilidad. Hoy la presidencia de la república se encuentra fuertemente cuestionada por la crisis económica y por la crisis de los derechos humanos, lo que redujo los niveles de legitimidad del régimen político y los márgenes de maniobra del presidente.
Los intereses y ambiciones que están en juego para el 2018, no pueden estar por encima del interés general de la población ni puede verse con buenos ojos la inacción manifiesta de la secretaría de gobierno. Sobre todo, porque Chiapas representa un riesgo en el país y los sucesos de caos y de violencia deben ser atribuidos al secretario de gobierno en la entidad, quien no sólo mantiene una actitud omisa y de indiferencia ante la problemática social, sino que ya tomó partido por uno de los aspirantes a la gubernatura y dejó suelto los hilos de control del orden y con eso el secretario de gobierno se convirtió en un problema más de la entidad.
