El Fraccionamiento Residencial Hacienda en Tuxtla Gutiérrez está viviendo momentos de gran violencia y es un claro ejemplo de la ineficacia policíaca de este gobierno. En días pasados se difundió en las redes sociales un vídeo de cómo era asaltada una pareja por dos personas con la ayuda de un taxi. Luego se conoce de asaltos a casa habitación en el mismo fraccionamiento. Pero ayer, los comercios y negocios vivieron lo que nunca se imaginaron, ser objetos de la extorsión y del cobro del piso por parte de los delincuentes, que ofrecen seguridad.
La seguridad es una responsabilidad del Estado, pero ahora, en la entidad, los delincuentes le venden seguridad a los negocios y a las personas y sobre la base de los hechos sustituye de esta función al Estado. La inacción política y la descomposición social provocada por el actual gobierno pone en situación de profunda incertidumbre a la población, quienes de la noche a la mañana se despiertan con un socio forzado, que les exige una participación de los beneficios, bajo el pretexto de brindar seguridad, cuando el gobernante chiapaneco presume de un Chiapas seguro, aún y cuando tiene incendiado gran parte del territorio de la entidad.
En este fraccionamiento, con una importante zona comercial, las pollerías, carnicerías, comedores y diversos negocios, incluyendo una escuela, se encuentran bajo la amenaza de la extorsión de la delincuencia, que a través del número telefónico, 9991809042, solicita un cobro de piso, en el que erigen como los garantes de la protección y los nuevos jefes de la colonia. Todo esto bajo la complicidad de un grupo de autoridades, quienes participan del reparto de utilidades de las actividades ilícitas, en el que el gobernador y los altos mando policíacos no están exentos de la participación de esos beneficios, por eso mantiene y protege a los mandos y funcionarios de la policía y la fiscalía, aún y las presiones internacionales que pesan sobre su cabeza.
En torno del gobernador, se comenta en los pasillos del palacio de gobierno, que sus principales colaboradores, sobre todo los que se han enriquecido en el desempeño de las funciones públicas, hicieron un fondo entre ellos para regalarle una casa en Los Cabos, Bala California Sur, situación que de ser cierta, demuestra el grado de complicidad y de impunidad que existe en Chiapas. Pero también se comentan de las inversiones de funcionarios de esta administración que realizan en Mérida, en el que se tienen inversiones en el sector inmobiliario y construyen un hotel cinco estrellas.
La situación política y de inseguridad en Chiapas pone al Departamento de Estado en el país del norte en alerta, por la posibilidad de que por esta frontera puedan ingresar grupos de terroristas al territorio norteamericano, país que se abroga de las facultades para intervenir en otros países en donde los gobiernos protegen las actividades del narcotráfico, utilizan los recursos de la delincuencia organizada para campañas electorales y la detención y procesamiento de los funcionarios que aceptan sobornos de los cárteles de la droga. Toda esta información ya lo sabe el gobernador, que continúa con su inacción que lo pone en la picota.
La impunidad con el cobro de piso de los delincuentes
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