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¿Rutilio Escandón debe de pedir licencia?

Editorial
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La ejecución del secretario de seguridad de Berriozábal y las dos personas que lo acompañaban,  va más allá de una provocación al Estado, es un acto que pretende demostrar que el poder de la narcoviolencia es superior al poder del Estado, que la delincuencia está por encima del Estado mismo y por lo tanto de la aplicación de la ley. Situación extrema que vulnera todo ejercicio del derecho, lo que obliga al Estado a dar una respuesta que no deje dudas de que nadie se encuentra por encima del poder del Estado y que la ley se aplica hasta las últimas consecuencias.

¿Esto qué significa? Significa que la actuación del Estado debe caminar en dos sentidos, castigar a la delincuencia organizada e investigar la posible participación de funcionarios públicos en la protección y obtención de beneficios de la delincuencia organizada. Y esto no puede ser de otra manera, porque no se puede combatir a la serpiente solo arrancando la cola, sin afectar la cabeza. Es un hecho que el crecimiento del crimen organizado en Chiapas se dio bajo la protección de funcionarios del gobierno, y la aplicación de la ley no debe dejar duda alguna, por eso no puede existir selectividad.

Las preguntas son: ¿Hasta dónde el Estado va intervenir en la aplicación de la ley en Chiapas? ¿Hasta dónde el gobierno de la 4t va a tomar la decisión de combatir frontalmente al crimen organizado?  La laxitud del gobierno de Chiapas condujo a esta situación, en donde el Estado predica Abrazos no balazos, en el que se orilló a cambiar este principio, debido a que el crimen organizado se fue al extremo de atentar y ejecutar a un secretario de seguridad y además lo exhibió en un vídeo que circula masivamente en las redes sociales y lo van a hacer en los medios nacionales e internacionales, en el que de manera forzada fue obligado a leer un documento en el que inculpa a varios funcionarios y comandantes  de favorecer al otro cártel con quien se encuentra en disputa.

Esa declaración carece de toda validez jurídica, por haber sido obtenida bajo tortura, pero tampoco se puede llegar a pensar que lo ahí dicho es una falsedad. El Estado está obligado a investigar y más por haber sido exhibido de la manera como lo hizo este cártel, que muestra los niveles de complicidad a los que ha llegado el gobierno de Rutilio Escandón con la delincuencia. Para la prensa nacional y por el morbo local que despertó la circulación del vídeo, no hay duda, el crimen organizado está infiltrado en los niveles más altos del gobierno.

Por eso la gran incógnita, el Estado mexicano va a actuar con toda la fuerza para combatir la narcoviolencia o van a pesar más las complicidades y la protección al gobernador del Estado, quien directamente es el responsable, por actos de omisión y/o de aquiescencia, de la situación de violencia y de inseguridad que vive Chiapas.