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¿Quién toma decisiones políticas en Chiapas?

Editorial
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Chiapas vive en estos momentos una peligrosa crisis social, debido a la inacción del Estado y al creciente malestar de la población, que se refleja en tres direcciones: una, cada vez más creciente, en el que grupos de población manifiestan el rechazo al voto a favor de Morena, en mucho, por la ineficiencia del gobierno que convoca al voto de castigo; la otra, al respaldo o aplauso a grupos de la delincuencia organizada y conformación de grupos de autodefensa, como se ha visto en municipios de la Sierra a favor del Cártel de Sinaloa o como sucede en el municipio de Pantelhó con el grupo Machete; una tercera se debe al desplazamiento forzado de población por conflictos con grupos paramilitares en los Altos o por la guerra que se vive en los municipios fronterizos de la Sierra, en el que la gente abandona sus bienes debido a la inseguridad. En Chiapas hay miles de desplazados ante el silencio del gobierno que continúa negando la inseguridad que se respira en Chiapas.

Hay sucesos políticos lamentables que nunca debieron de haber sucedido, si el gobierno de Rutilio Escandón asumiera compromisos reales con la legalidad y actuara con responsabilidad, como sucedió con el asesinato del hijo del “Tío Gil”, que precipitó la guerra entre los cárteles, o las complicidades que facilitaron el ingresoy crecimiento del Cártel Jalisco, o el asesinato del presidente municipal de Teopisca, o la designación de un fiscal general, como Olaf Gómez, sin ninguna experiencia en la persecución del delito, que permanece encerrado en su oficina con un miedo que se refleja con el enrejado que mandó a poner para cerca el ingreso de la fiscalía, o más recientemente la ejecución del secretario de seguridad de Berriozábal, cuyas declaraciones forzadas, carecen de validez jurídica, pero eso no significa que la cloaca que destapó no esté llena de verdades.

El gobernador del Estado debe de entender que no se puede gobernar sin tomar decisiones y menos dejar el gobierno en manos de funcionarios que han demostrado una incapacidad mayor que del propio gobernador que ya es decir mucho. A Chiapas se le dejó sin operación política,sin la procuración de justicia y sin la seguridad pública. Los tres responsables de estas áreas jamás debieron de ser nombrado y hoy la población está pagando el cúmulo de ineficacia que representa la administración de Rutilio Escandón, al que hoy se le pueden iniciar investigaciones judiciales, por ilegalidades cometidas, como liberar presos con sentencia, o por omisiones y aquiescencia en el combate a la delincuencia, o por los actos notorios de corrupción de él y sus colaboradores, actos que han sido ventilados en los medios nacionales..

Gran parte de los problemas de gobernabilidad y de inseguridad en Chiapas son producto de la impericia del propio gobierno, quien no tiene operación política ni mediadores del conflicto eficaces, situación que termina provocando que una simple tos se convierta en una pulmonía. La secretaría de gobierno tiene un ejército de colaboradores que cobran, pero no atienden ni resuelven los problemas y muchas veces los terminan complicando. Pero esta ineficacia no solo recae en la secretaría de gobierno, también participa la fiscalía del estado y la secretaría de seguridad pública, quienes están más interesados en brindar la protección a la delincuencia organizada y recibir los pagos semanales que estos grupos tienen establecidos para los funcionarios del gobierno, que en brindar protección y seguridad a la población.

Sin duda el desastre social que se vive en Chiapas se debe al mismo gobernador del Estado, que se caracteriza por la indiferencia a los problemas, a la frivolidad de su trato y a la falta de talento, en el que delega sus responsabilidades en otros porque le pesa tomar decisiones.