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Con quiénes se construye la transformación del país

Editorial
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En México existe una historia recurrente de imposición de acuerdos y de políticas, que en muchas ocasiones son contrarias al interés general de la sociedad. En este sentido, el debate de ideas en el Congreso de la Unión, en el México posrevolucionario y en el de los gobiernos de alternancia, ha sido escaso. Después de que el Congreso Constituyente de 1917, le modificó radicalmente el proyecto de Constitución a Venustiano Carranza y terminó aprobando otro documento muy distinto al presentado por el presidente, jamás se ha vuelto a vivir en el Poder Legislativo una efervescencia política de tal magnitud, capaz de modificar una iniciativa presidencial, aún y cuando en el año de 1997 el PRI perdió la mayoría en la cámara, lo que lo obligó a establecer políticas de acuerdos con las otras fracciones para aprobar las iniciativas que eran del interés del presidente, como sucedió con el incremento del IVA o la deuda del FOBAPROA .

Esto evidencia que la actividad política en México se encuentra secuestrada: los representantes populares no representan a la ciudadanía y se mueven a través de los criterios definidos al interior de sus partidos. En el momento es que se dicta la línea política por la dirigencia del partido, el debate desaparece. Los diputados y senadores se alistan para votar lo que se les instruye. Lo que se discute y argumenta en la tribuna carece de sentido; en virtud de que nadie va a modificar su criterio de votación. Ningún diputado o senador modifica su sentido del voto a partir de los argumentos que se esgrimen; porque ellos sólo responden a la línea que reciben de su partido.

Lo grave de las formas en que se legisla en el país, es que los propios diputados y senadores, en muchos de los casos, ignoran el sentido de lo que se aprueba y la mayoría de las veces no conocen el contenido de las iniciativas de ley ni las consecuencias sociales o económicas que determinadas leyes provocan. Los representantes populares, lamentablemente, no se caracterizan ni por sus conocimientos ni por su inteligencia ni mucho menos por un trabajo responsable. 

En esta perspectiva, es un hecho que el desempeño de los legisladores carece de  trascendencia política y la gran mayoría de ocasiones desconocen las repercusiones sociales que se viven por el sentido con que se vota. La subordinación de los diputados y senadores que debiera de desaparecer para dar paso a la división de poderes, con el gobierno de Morena se incrementó, y existen humillaciones de tal grado, que el presidente ordena que a sus iniciativas no se les modifique ni una coma.

En este afán de controlar el Congreso para que no haya resistencia a las iniciativas presidenciales, existe un afán por arrasar en las votaciones para obtener una mayoría calificada, lo que implica la existencia de un solo legislador y muchos súbditos. Así sucedió en las elecciones del 2018 y del 2021, y el gran propósito electoral es que esto suceda en las elecciones del 2024, con el famoso Plan “C”. Bajo la idea de elegir súbditos y no representantes populares, Morena en Chiapas seleccionó una lista de candidatos, tal parece sacados de la escoria, sin formación académica, sin compromiso social, sin conocimiento de lo que Chiapas requiere y en algunos casos por la obtención de favores de lo más criticable, lo que significa que la entidad va a tener una representación deshonrosa y vergonzante, aún peor de la que acaba de finalizar, con usurpadores de la identidad indígena y personajes verdaderamente impresentables, lo que pone en cuestionamiento, que con estos tipos de diputados se puede llevar una transformación del país y más aún construir una fase superior de una transformación de la sociedad.