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El gobierno se engaña solo con el discurso de un Chiapas seguro

Editorial
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En Chiapas no hay paz ni justicia y sí mucha violencia e inseguridad. Esto es una realidad que se palpa todos los días, aunque los políticos pregonan el falso discurso que en la entidad se vive en paz y hasta rinden informes de  una supuesta eficacia de de la seguridad pública en la entidad, gracias al trabajo que realiza la mesa de seguridad.

Este discurso lisonjero le hace daño a Chiapas, mella la credibilidad del gobierno tanto federal como de la entidad y termina fomentado la construcción de un mundo irreal, que no corresponde con la condición de deterioro de la dinámica social que se vive en la entidad, situación que confirma que las autoridades no están a la altura de las circunstancias sociales que Chiapas requiere atender urgentemente.

Chiapas ha sufrido sucesos sociales que en otras circunstancias el gobernador ya hubiera sido llamado a cuentas e inclusive orillado a pedir licencia. Entre estos sucesos están la presencia de grupos de autodefensa en varios municipios de la entidad; el largo conflicto político en el municipio de Oxchuc, que con frecuencia impide la circulación vehicular; el conflicto en Pantelhó, en donde el grupo armado El Machete desapareció a 23 personas; las varias decenas de asesinatos en el conflicto entre Chenalhó y Aldama, que además produjo desplazamiento forzado de población;  los problemas sociales en Tila que vive un virtual estado de sitio; la guerra entre los cárteles que hay en los municipios fronterizos de la Sierra, cuya carretera se convirtió en el paso más peligroso de la entidad y esta guerra se trasladó a la Región de la Frailesca y al corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas; la grave situación  en los municipios fronterizos, por la falta de una adecuada política migratoria que obliga a un reclamo enérgico al gobierno federal para que preste atención a esta problemática; y los escándalos de corrupción en manos de funcionarios ligados con el grupo Tabasco, en el que se asignaron contratos a empresas fantasmas.

Bajo estas circunstancias, resulta muy complejo construir gobierno y más si  se deja esta responsabilidad en manos de diletantes y aventureros, a quienes no les interesa garantizar la paz y mucho menos atender las demandas de la población con el fin de disminuir los problemas sociales que prevalecen en gran parte del territorio chiapaneco, pero sí muestran una extraordinaria rapacidad en el manejo de los recursos públicos para enriquecerse.

Las condiciones políticas en Chiapas son de una extrema fragilidad y peligrosidad, que cualquier chispa puede provocar una mayor violencia en la entidad y más bajo las condiciones de guerra entre los cárteles, cuya actividad ya penetró en comunidades indígenas,  circunstancia que implica una mayor tensión, sobre todo porque la mayoría de las organizaciones de la región se encuentran fuertemente armadas. 

En estas condiciones de caos social  y de violencia, el sector que mantiene sus beneficios es el de los grupos de la delincuencia organizada que abiertamente operan en Chiapas y que se encuentra articulado a los diversos conflictos mencionados, que tienen bajo su control a cuerpos policiales, y varias presidencias municipales, y quienes semanalmente aportan recursos a funcionarios de la secretaría de seguridad y de las fiscalía estatal y general de la república, quienes protegen a la delincuencia organizada y colaboran en la creación de patrones de impunidad. Bajo estas circunstancias ¿quién puede creer el discurso de un Chiapas seguro? Como lo afirmara recientemente en su visita el subsecretario de seguridad pública, el general Luis Rodríguez Bucio.