JA Teline V - шаблон joomla Форекс
18
Tue, Jun
116 New Articles

La inseguridad provocada desde el gobierno

Editorial
Typography

Chiapas arrastra graves problemas de gobernabilidad y a partir de los últimos años padece también problemas de inseguridad. Sobre procesos de construcción gobernabilidad, hay experiencias que muestran que sí es posible revertir este problema, en donde la eficacia gubernamental en la toma de decisiones juega un papel importante. Pero esto no es así con los problemas ocasionados por la inseguridad y las redes de macrocriminaliidad, que afectan la vida democrática, la gobernabilidad y los derechos humanos y en donde la corrupción se conjuga con la impunidad y la violencia, situación que hace más compleja el establecimiento de políticas de mejora y de reconstrucción de la paz.

En este sentido, la sociedad actual tiene en los problemas de seguridad su principal preocupación. Equivocadamente se desarrolló la idea de que una manera para mejorar la seguridad era la de reducir la pobreza, como si sólo los pobres delinquieran y los ricos no robaran, cuando la realidad indica que los problemas de corrupción y de mayor saqueo están en los grupos de población con mejores niveles de bienestar, es decir, que los ricos también delinquen y son quienes menos se castigan por la corrupción que prevalece en el sistema de impartición y procuración de justicia.

Sin embargo, los problemas provocados por la inseguridad son en nuestros días de una dimensión mayor, se habla de redes de macrocriminalidad, en donde participan empresarios, grupos de la clase política gobernante y los grupos de la delincuencia organizada. Sobre todo, porque no puede haber delincuencia organizada sin los mecanismos y empresas que promueven y garantizan el lavado de dinero y tampoco hay delincuencia organizada sin las redes de protección policíaca y de apoyos políticos al interior de los gobiernos.

Por esta razón, cada vez tiene mayores complicaciones el buscar mejorar la seguridad en el país, por los enormes intereses que se mueven en torno a la delincuencia organizada y por las redes de macrocriminalidad que se construyen en torno de estos intereses económicos, que participan en una globalización del lavado de dinero y que construyen una organización de poder al interior del  Estado-nación, que termina dominando y controlando al propio Estado.

Por eso el señalamiento optimista de que es más probable resolver los problemas de gobernabilidad en una sociedad, que resolver los problemas de seguridad. De allí que cuando surge el discurso político que presume la disminución de los delitos de alto impacto, como sucede con el gobierno en Chiapas, la desconfianza debe ser mayor, porque se denota una ligereza de opinión sobre la magnitud del problema y de los intereses que existen en la protección y complicidades con la delincuencia organizada y la preocupación debe ser mayor, cuando el presidente de la república y el secretario de la defensa, que son las personas mejor informadas del país, participan en la difusión de las mentiras sobre la seguridad en la entidad.

Chiapas, como gran parte del país, forma parte de las redes de macrocriminalidad y entró a una fase de descomposición social en donde los niveles de violencia provocados por la inseguridad van a ir en aumento, ante la complacencia y la complicidad de la autoridad gubernamental, quienes prefieren repetir que Chiapas va bien en seguridad, en lugar de tomar las medidas preventivas y de protección para evitar el crecimiento de la delincuencia organizada en la entidad. Para quienes se preguntan en qué momento se descompuso la seguridad en Chiapas la respuesta es simple, en el momento en que desde el aparato público estatal, funcionarios empezaron a recibir dinero del crimen organizado y lo hicieron estableciendo acuerdos con los dos principales cárteles del país,  lo que constituyó derechos e impunidad al crimen organizado y creó las condiciones de guerra que se vive actualmente. Esto se originó en el gobierno de Rutilio Escandón, en donde la fiscalía del Estado, la secretaría de seguridad pública, varias presidencias municipales y comandantes de los cuerpos policíacos están vinculados con el crimen organizado y dentro de la misma administración pública del Estado hay funcionarios al servicio del Cártel Jalisco y funcionarios al servicio del Cártel de Sinaloa, situación que agravó los problemas de seguridad.