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En manos del crimen organizado

Editorial
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En los últimos tres años, fueron varios los anuncios que mostraban el incremento de la violencia y la inseguridad en Chiapas y se habló del calentamiento de la plaza por actividades del crimen organizado, sin que esto provocara la atención y preocupación del gobierno, que nunca tomó las medidas preventivas, de protección y garantías a la población, sobre todo en los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, que cada vez fueron más frecuentes en distintos lugares del Estado; en San Cristóbal de Las Casas, en Frontera Comalapa y demás municipios de la Sierra, en el corredor de Berriozábal-Ocozocoautla-Jiquipilas, en la región de la Selva y con la red criminal en torno del tráfico de personas y conflicto migratorio en Tapachula, con claras señales de que las autoridades estaban rebasadas.

Esta situación de violencia e inseguridad no fueron generadas por el gobierno de Rutilio Escandón sino que son herencia del pasado, como muchos otros conflictos que están latentes en la entidad, sin embargo el problema se acrecentó en este gobierno, debido a que funcionarios de la fiscalía del Estado y de la secretaría del Estado empezaron a recibir dinero de los dos cárteles más importantes del país, establecidos en Chiapas y sobre ello existe una inacción política de un gobierno que se caracteriza por la indiferencia y que deja avanzar los problemas. Y en esto reside la responsabilidad del gobierno de Rutilio Escandón, que conoce de los problemas de violencia pero los oculta, se desentiende de ellos y por su indiferencia y la corrupción, no se tomaron las medidas preventivas hasta llegar al punto de la crítica situación en la que se encuentra la entidad en este momento. En este sentido es importante señalar, que entre las cosas que no se hicieron de manera adecuada son los nombramientos de los funcionarios de la fiscalía del Estado y la secretaría de seguridad pública, y junto con ello, no se realizó la depuración y una selección rigurosa a través de los controles de confianza de los comandantes de las distintas corporaciones policíacas, así como del personal de la fiscalía, en el que existen señalamientos de comandantes y servidores públicos, que se encuentran al servicio de la delincuencia organizada y pese a ello, no se ordena la investigación y se reproduce la complicidad entre gobierno y delincuencia organizada.

En Chiapas es fantasiosa la coordinación de las dependencias en el combate a la delincuencia, pues no existe una cabeza que establezca el mando en las operaciones y existen detenciones de grupos de delincuentes que han terminado en un fiasco, al ser puestos en libertad. El propio fiscal no tiene el control de la fiscalía y en la secretaría de seguridad se continúa con la recolección de dinero del crimen organizado pese a que ya no forma parte de la institución el personaje largamente señalado de ser el intermediario del gobierno y la delincuencia. Esto significa que el control de las dependencias de seguridad está diluido y con ello el gobierno de Rutilio Escandón no solo perdió capacidad de respuesta ante el crimen organizado sino que se subordinó ante el control del territorio ejercido por los cárteles.

Los sistemas de inteligencia del país y de la DEA tienen identificado a los principales líderes de los grupos de la delincuencia que operan en todo el territorio de Chiapas y conocen además quienes son las autoridades que proporcionan protección a estos grupos, que actúan en plena impunidad y que ya impusieron no solo el terror en la población, sino un poder que ejerce dominación sobre el resto de la sociedad, pero no se ejecuta ninguna operación para detener a los responsables, y con ello, establecer los límites a la delincuencia e imponer la fuerza del Estado. Esta situación provoca que la población quede indefensa y expuesta no sólo frente a la delincuencia sino ante los propios servidores públicos, quienes han sido señalados de ser ellos quienes detienen y desaparecen a personas para luego entregarlos a los grupos de la delincuencia, y muchas de estas personas han sido ejecutadas.

Esta realidad es la que se oculta a través del discurso de mentiras de un Chiapas seguro, que lamentablemente repiten los gobiernos federal y estatal, sin ninguna credibilidad en la población que tiene identificada claramente la irresponsabilidad del actual gobierno, que abandonó a su suerte a la población.