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Las complicidades del gobierno

Editorial
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Existe una realidad irrefutable de que en Chiapas  no hay paz ni justicia. Esta situación se palpa todos los días, aunque la demagogia en boca de los políticos pregonan  que en la entidad se vive en paz y hasta rinden informes de  una supuesta eficacia de de la seguridad pública en la entidad, donde Chiapas es el segundo Estado del país más seguro.

Este discurso falso y lisonjero le hace daño a Chiapas y mella la credibilidad del gobierno tanto federal como de la entidad y termina fomentado la construcción de un mundo irreal, que no corresponde con la condición de deterioro de la dinámica social que se vive en la entidad, situación que confirma que estos funcionarios y políticos no están a la altura de las circunstancias sociales que Chiapas requiere atender urgentemente.

Chiapas ha vivido sucesos políticos que en otras circunstancias el gobernador ya hubiera sido llamado a cuentas, orillado a pedir licencia e incluso sometido a proceso judicial. Entre estos sucesos están la presencia de grupos paramilitares en más de 10 municipios de la entidad; el largo conflicto político en el municipio de Oxchuc, que con frecuencia impide la circulación vehicular; el conflicto en el municipio de Pantelhó en donde el grupo armado El Machete desapareció a 23 personas; las varias decenas de asesinatos en el conflicto entre Chenalhó y Aldama, que además produjo desplazamiento forzado de población;  los problemas sociales en Tila que vive un virtual estado de sitio; la guerra entre grupos delincuenciales en Frontera Comalapa y otros municipios de la Sierra, cuya carretera se convirtió en el paso más peligroso de la entidad, así como los enfrentamientos en el corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, zona donde la guerra entre los cárteles se reprodujo, en el que nse afectó también la Región de la Frailesca; los graves problemas generados en los municipios fronterizos por la falta de una adecuada política migratoria que obliga a un reclamo enérgico al gobierno federal para que preste atención a esta problemática; y por último, las cuatro alertas emitidas por el gobierno norteamericano, sobre la inseguridad de algunas zonas del territorio chiapaneco.

Bajo estas circunstancias, resulta muy complejo construir gobierno y más si  se deja esta responsabilidad en manos de la frivolidad, de diletantes y aventureros, a quienes, con su indiferencia, hacen evidente que no les interesa garantizar la paz y mucho menos atender las demandas de la población con el fin de disminuir los problemas sociales que prevalecen en gran parte del territorio de Chiapas.

Las condiciones políticas en Chiapas son de una extrema fragilidad, que cualquier chispa puede provocar la violencia en las comunidades y más bajo la circunstancia de que la mayoría de las organizaciones se encuentran fuertemente armadas. 

En estas condiciones de caos social  y de violencia el sector que mantiene sus beneficios es el de los grupos de la delincuencia organizada que abiertamente operan en Chiapas y que se encuentra articulado a los diversos conflictos mencionados, que tienen bajo su control a cuerpos policiales, y varias presidencias municipales, y quienes semanalmente aportan recursos a funcionarios de la secretaría de seguridad y de las fiscalía estatal y general y quienes protegen a la delincuencia organizada y colaboran en la creación de patrones de impunidad. En el que ya no sorprende la inacción del Estado hacia la delincuencia, porque cada vez se confirma la complicidad del gobierno de Rutilio Escandón  con el crimen organizado.