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La corrupción en la Delegación de la Fiscalía General de la República

Editorial
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Las ejecuciones extrajudiciales continúan presentándose en Chiapas en total impunidad, pero hay situaciones, como el del empresario restaurantero, que apareció encajuelado el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de Chiapa de Corzo, que resulta toda una provocación a la ineficacia y corrupción de las dependencias responsables de la seguridad en la entidad, quienes se encuentran integradas por funcionarios involucrados con la delincuencia organizada, que no solo protegen al crimen organizado sino que son responsables de reproducir los patrones de impunidad que en este momento se vive en Chiapas.

Al ser el aeropuerto un área federal, la investigación le corresponde a la fiscalía general de la república, misma que desde ahora se sabe que esta investigación está destinada al fracaso como todo lo que se realiza en la delegación de la FGR, que está más interesada en congraciarse con los dos cárteles que en realizar las tareas de investigación y sanción que le corresponde. Los ejemplos al respecto son muchos, pero basta con señalar que los delitos de narcotráfico y los delitos de delincuencia organizada relacionados con esta actividad son delitos federales, pero sus resultados son nulos en razón a que no existen detenciones ni decomisos de droga producto de la investigación que realice esta dependencia, toda vez, que las detenciones y decomisos los ha realizado la secretaría de marina y el ejército, y para colmo son muchos los casos en que los delincuentes relacionados con la narcoviolencia han sido liberados por el juez de control del Amate, por estar mal integrada la carpeta de investigación, en un claro contubernio entre la la delegación de la fiscalía general de la república y la delincuencia organizada.

Los vínculos entre la delegación de la FGR con los líderes de los cárteles son directos, a punto tal, que es común que las cabezas importantes de los cárteles acudan personalmente a la delegación a reuniones con el delegado y mantienen comunicación telefónica con él, éstas visitas son directamente a su oficina por lo que no hay registro ni se documenta en los vídeos de la dependencia, en el que le proporcionan su polla al funcionario federal, que mantiene relaciones peligrosas con los dos cárteles, siendo ésta una de las causas del deterioro de la seguridad en la entidad, en donde los funcionarios reciben recursos de ambos grupos y por lo tanto compran la plaza y adquieren derechos para operar impunemente como en realidad sucede.

La organización delincuencial de la delegación de la FGR ha llegado al punto, que dos de las subdelegaciones  trabajan y atiende cada una a su respectivo cártel, lo que significa que el grupo Sinaloa y el Cártel Jalisco tiene su propia vía definida en la FGR, y le proporcionan su polla al delegado, quien de pronto se convirtió en un magnate, dueño de propiedades, ranchos y gasolineras, y quien de manera frecuente realiza viajes nacionales y al extranjero con su familia, en donde realiza gastos que no corresponden con su ingreso.

De estas actividades ha sido excluida la subdelegada de San Cristóbal, quien recibe una pollita mínima, pero a quien se le obliga a que declare que  ranchos propiedad de la delincuencia organizada sean declarados como abandonados, para que salgan a remate, propiedades que luego han sido adquiridos por el delegado de la FGR a través de prestanombres. La corrupción y los vínculos con la delincuencia organizada es notoria, que su hermano sufrió un atentado en el Municipio de Juárez, saliendo ileso al viajar en una camioneta blindada, pero en la investigación se dejó de lado porque traía vehículo blindado, con un costo superior a los cuatro millones de pesos, en el que se ha señalado que ese vehículo es presuntamente propiedad de la FGR.

El delegado de la FGR presume que trae tratos para que él sea nombrado el próximo fiscal en el Estado de Chiapas, pero sus vínculos con los dos cárteles en guerra en la entidad lo inhabilitan para ese cargo, aún y cuando en su frecuente adicción señala una supuesta aportación en dólares realizada a un personaje importante del grupo del próximo gobernador del Estado, quien deberá definir meticulosamente como responsable de la fiscalía del Estado a un persona que no esté identificada e involucrada con el crimen organizado.