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Cambios en la subsecretaría de seguridad pública

Editorial
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Este fin de semana fue nombrado el general Humberto Cerón Martínez como subsecretario de seguridad pública en sustitución de Francisco Orantes Abadía, quien ha sido citado en innumerables ocasiones como el enlace del gobierno con los grupos de la delincuencia organizada. Este nombramiento despertó la especulación en dos sentidos: primero si este es el primer nombramiento que realiza el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, en donde el general es una especie de avanzada como subsecretario y, posteriormente, ya constituido el nuevo gobierno, va a ser nombrado como secretario de seguridad, aspecto que se queda en la simple especulación; la segunda incógnita es sobre los resultados que se esperan, en donde existe una tendencia de nombrar a militares como secretarios o directores de seguridad en los municipios y en las entidades, como si el nombramiento de un militar es en sí una garantía de seguridad, aspecto que no se ha podido comprobar con la militarización de la Guardia Nacional, en donde la delincuencia organizada no solo no ha disminuido sino que ahora tiene el control de gran parte del territorio de México.

La situación de inseguridad en Chiapas no está para experimentos, y se requiere de la toma decisiones inmediatas,  para demostrar que fue correcto el cambio de funcionarios y no es solo una decisión de gatopardismo, en el que todo seguirá igual. El cambio de funcionarios en la secretaría de seguridad no es suficiente para mandar una señal en la que el gobierno está interesado en mejorar las condiciones de seguridad en Chiapas. Sobre todo, porque estos cambios deben de estar acompañados por una investigación con la debida diligencia, para deslindar responsabilidades, sobre los vínculos de servidores públicos con la delincuencia organizada y particularmente sobre el destino de los sobornos que reciben de manos del crimen organizado.

El nombramiento del general Cerón Martínez es insuficiente, tomando en cuenta, que en el letrero que había en el colgado en el puente a la salida de Tuxtla Gutiérrez, claramente se menciona el nombre de Gabriela Zepeda, secretaria de seguridad, dentro de los responsables de brindar protección a la delincuencia, pero también se menciona el nombre del director de la policía fronteriza, que sobre la base de los hechos, sustituyó a Orantes Abadía como el enlace con los cárteles. Situación que muestra cómo esa dependencia se encuentra en la pudrición, y que requiere urgentemente de una limpia estructural y no solo el de un nombramiento.

En los antecedentes del general Cerón Martínez se encuentra el de ser un alto mando militar en Sinaloa, en el momento en que se vivió el culiacanazo, que condujo a la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, considerado como el mayor fracaso del gobierno del presidente López Obrador en materia de seguridad, en el que el presidente asumió la responsabilidad de haber ordenado esa liberación.

La mejora de la seguridad en Chiapas y la disminución de la violencia en la entidad, no está en el nombramiento de militares como funcionarios de la secretaría de seguridad sino en una estrategia integral, que aborde la magnitud de este problema. El crecimiento de la delincuencia organizada en Chiapas se debe a varios factores, por eso se requiere de una política pública que aborde y de respuesta a cada uno de esos factores de manera integral, y no en decisiones aisladas, como es la simple remoción de funcionarios, decisión que debió de ser tomada, cuando fueron filtrados los nombres de los funcionarios señalados de vender protección y estar al servicio del crimen organizado, aspecto que sigue latente, en razón de que solo se realizó un nombramiento y no un cambio de imagen de toda la secretaría de seguridad.