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El control de confianza en la procuración e impartición de justicia

Editorial
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Existen disposiciones normativas que obligan a que todo el personal de mandos medios de las fiscalías de los Estados, la General de la república, las secretarías de seguridad pública en las entidades y municipios, así como en los tribunales de justicia, incluyendo jueces y magistrados, sean evaluados con cierta periodicidad a través de los exámenes de control de confianza, que incluye los exámenes toxicológicos y el polígrafo. En los inicios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el gobierno del presidente Vicente Fox, el control de confianza se realizaba desde la Ciudad de México, con recursos que para ese efecto proporcionaba el propio Sistema Nacional a las entidades, pero en el sexenio de Felipe Calderón, se descentralizó y los gobiernos estatales crearon sus propios centros de evaluación y con ello prácticamente se perdió el control de confianza al politizarse y corromperse los resultados.

En Chiapas el control de confianza funciona con suma ineficiencia, pues no se cumple con la función primordial en la depuración de los malos elementos, y más cuando se trata de mandos superiores en las dependencias o comandantes de los cuerpos policiales, que aún padeciendo problemas toxicológicos no se conoce que hayan sido retirados del servicio. Y en el caso del Tribunal Superior de Justicia la situación todavía es peor, ya que ahí, en sólo una ocasión se realizaron los exámenes toxicológicos y los resultados fueron poco satisfactorios, que se tomó la decisión de no continuar aplicándose y fue en la gestión de Rutilio Escandón como presidente del tribunal de justicia que se ocultó los resultados.

El problema de las adicciones en el personal de las dependencias de procuración y administración de justicia es un asunto severo, en virtud de que es imposible realizar un combate efectivo en contra de la narco-delincuencia si tienes este flagelo entre el personal responsable de combatir y disminuir estos delitos; esta incongruencia se vive en Chiapas, en donde se pone a combatir el tráfico y comercialización de drogas con funcionarios de la delegación de la fiscalía general de la república, con ministerios públicos, con comandantes y personal de los distintos cuerpos policíacos que tienen problemas con el consumo de estupefacientes.

Esto obliga en la entidad a una aplicación rigurosa del examen toxicológico al personal de la fiscalía y de la secretaría de seguridad pública y la realización del mismo al personal del Tribunal de Justicia, no solo por cumplir con la norma sino para que el Estado tenga conocimiento en manos de quien está el combate de la delincuencia organizada, y más si existen señalamientos, como hay en Chiapas, sobre funcionarios que se encuentran involucrados con los grupos criminales y por la entrega de sobornos que realizan los cárteles en Chiapas a funcionarios tanto del gobierno del Estado como a personal de la delegación de la fiscalía general de la república.

El examen toxicológico se pervirtió y existe cuotas de pago para alterar los resultados, a punto tal que estos exámenes se realizan a miles de funcionarios y elementos policiales cada año, con una inversión de varios millones de pesos, con nulos resultados, en virtud que las adicciones siguen vigentes en el personal responsable en el combate a los grupos delincuenciales y más grave aún, estas dependencias responden más a los intereses del crimen organizado que a los intereses de la población.