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El involucramiento de funcionarios con el crimen organizado

Editorial
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Los sucesos recientes en La Concordia, que tienen relación con la guerra que hay entre los cárteles en esa región, llegaron a un punto en que resulta inaceptable la irresponsabilidad de las autoridades para evitar la violencia. Las imágenes de los cuerpos amontonados dentro de un camión de volteo y el vídeo que sobre ello circula en las redes sociales, muestra cómo a algunos cuerpos les daban el tiro de gracia y celebraban tal masacre; señalando la existencia de 30 muertos cuando la fiscalía del Estado menciona que son 19.

¿Por qué las autoridades son las responsables? La respuesta es simple, de acuerdo con la ley, el Estado es el responsable de prevenir, proteger y garantizar la seguridad de las personas, y esta guerra en La Concordia está más que avisada. Pero en realidad su mayor responsabilidad se encuentra en la corrupción que está acompañada de corrupción. Esto significa que la delincuencia organizada tiene la protección desde las dependencias federales responsables en procurar la justicia y la seguridad. Es evidente, que en la delegación de la fiscalía general de la república se protege a los dos cárteles en guerra, el involucramiento de esta dependencia llega a tal extremo que existe una oficina que se encarga de los acuerdos con el Cártel Jalisco y otra oficina que se arregla con el Cártel de Sinaloa, para no equivocarse, el delegado de la fiscalía, que tiene convenios de colaboración con los dos cárteles.

Esto que sucede en la dependencia federal, se reproduce en la fiscalía del Estado y en la secretaría de seguridad pública, en donde ambas dependencias estatales colaboran con los dos cárteles y forman parte de la red de sobornos que el crimen organizado construyó para tener la protección de los servidores públicos. Con esta red de corrupción, es imposible garantizar la seguridad en Chiapas y disminuir la violencia, debido a que la disputa del territorio se debe a que la propia autoridad autoriza y protege a los dos cárteles, es decir ambos grupos tienen impunidad y lazos que vinculan a los funcionarios con el crimen organizado.

Sobre esta situación, el gobernador, Rutilio Escandón, tiene perfecto conocimiento sobre el nivel de involucramiento de los servidores públicos de la administración estatal y de la administración federal con el crimen organizado. Por eso resulta sumamente peligroso presentar denuncias en la mesa de seguridad, como le sucedió al director de la policía de Berriozábal, que saliendo de esa reunión, en donde informó de la situación del municipio, fue levantado por la delincuencia y después ejecutado.

En la mesa de seguridad, que tanto presume el gobernador, los cárteles están representados en la figura de algunos funcionarios públicos. Por eso se requiere que en el próximo gobierno se haga una limpieza general de las dependencias si de verdad se quiere construir una nueva ERA para Chiapas. Máxime que el delegado de la fiscalía general de la república presume que tiene apalabrada la fiscalía del Estado con el  nuevo gobierno, bajo el argumento de que él tiene el control y manejo de los cárteles en Chiapas, cuando en realidad es un simple empleado.