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La realidad exhibe las mentiras de la seguridad en Chiapas

Editorial
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Mientras el gobernador Rutilio Escandón continúa repitiendo su discurso fantasioso de un Chiapas seguro y afirmando que los delitos de alto impacto disminuyen, la realidad se encarga de desmentirlo y la condición de guerra que se vive en distintas regiones de Chiapas provocan un incremento de la violencia y de los delitos de alto impacto, como sucedió en La Concordia en donde la fiscalía del Estado reportó 19 muertos cuando en un vídeo que circula en las redes sociales el grupo responsable de esa masacre señala que son más de 30 cuerpos, o bien como pasó el día de ayer, que cuatro vehículos fueron robados en la carretera Ocozocoautla-Arriaga.

Pese a que en Chiapas se maquillan las cifras y en las oficinas de los ministerios públicos no se levantan  denuncias, como sucedió con un velador que fue desaparecido en el centro de Tuxtla, en donde se sindica como responsables de esa desaparición a elementos de la fiscalía del Estado y en donde personal de la fiscalía se negó a levantar la denuncia presentada por sus familiares, los registros del sistema nacional de seguridad indican que el 18 de mayo, el 14 de junio y el 30 de junio, Chiapas ocupó el primer puesto en homicidios dolosos, con 11, 13 y 22 personas asesinadas respectivamente.

Sobre la masacre de La Concordia el presidente López Obrador solo expresó que es un enfrentamiento entre dos cárteles pero omitió señalar de quién es la responsabilidad la guerra entre cárteles que se vive en la entidad y esto se debe a la inoperancia y corrupción del gobierno de Rutilio Escandón, a quien el presidente ha mencionado que es como su hermano. Es en el actual gobierno que se abrió las puertas de Chiapas a los dos cárteles en importancia del país y que ahora se disputan encarnizadamente el control del territorio. También se omite mencionar que la delegación de la fiscalía general de la república en Chiapas se encuentra al servicio de los dos cárteles y que el delegado de esta dependencia se convirtió de la noche a la mañana en millonario, propietario de casas, ranchos, gasolineras y vehículos que no corresponden con el nivel de salario que tiene y tampoco se menciona que lo mismo sucede con la fiscalía del Estado y con la secretaría de seguridad pública.

Con el nivel de corrupción y de vínculos con el crimen organizado, que existe en la delegación de la FGR en Chiapas, en la fiscalía del Estado y en la secretaría de seguridad pública, es imposible que se pueda mejorar la seguridad en la entidad y disminuir los delitos de alto impacto. Sobre todo, porque estos funcionarios que están al servicio de los cárteles tienen el respaldo de sus superiores. Así sucede con la Fiscalía General de la República, en donde alguien protege la corrupción de los funcionarios de esta delegación en Chiapas, como sucede en las otras dos dependencias de la entidad, en donde el gobernador Rutilio Escandón no puede argüir que desconoce de esta situación.

Los sobornos que entrega semanalmente el crimen organizado a estos funcionarios es suficiente delito para que la DEA intervenga, ya que tiene perfectamente documentado esta información y conoce los vínculos y maniobras de estos funcionarios, a punto tal que se han liberado a delincuentes que fueron detenidos por los cuerpos policíacos de Chiapas, a pesar de que éstos contaban con ficha de la DEA. Bajo estas circunstancias resulta fantasioso y cínico que se continúe con el discurso de un Chiapas seguro.