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La difícil tarea de mejorar la seguridad en la nueva ERA

Editorial
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En distintas entrevistas el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, ha diferenciado los delitos del fuero común con los delitos del fuero federal, y en esa perspectiva asume un compromiso de disminuir los delitos que le corresponden a las autoridades estatales. Sin embargo, la delincuencia organizada hoy día en Chiapas no solo está involucrada en el trasiego de drogas, que le corresponde a la federación combatir, sino que la vez participa en otros delitos del fuero común, como presumiblemente viene siendo el robo de autos en la carretera Ocozocoautla-Arriaga, en el que la autoridad estatal no se puede sustraer de su responsabilidad y combatir a los principales cárteles que diversificaron su actividad.

En estos momentos prácticamente no hay diferencias entre las actividades que realiza en Chiapas el cártel Jalisco con las que realiza el cártel Sinaloa, como sí existen en otras entidades. El primero se caracteriza en participar en todas las actividades delictivas, con la descomposición social que esto representa, mientras los segundos se dedican fundamentalmente al tráfico de drogas. Con la entrada del CJNG a la entidad, permitida y tolerada por el gobierno de Rutilio Escandón,  se crearon las condiciones de guerra entre los cárteles, que hoy se están padeciendo y eso obligó a ambos cárteles a diversificar y profundizar sus actividades ilícitas, para obtener recursos y hacer frente a la situación de guerra que se vive.

Esto condujo a que los dos cárteles se dediquen al tráfico de migrantes, que hoy representa una mejor empresa para la delincuencia organizada, al narcomenudeo, a las narcotiendas, al secuestro, al robo de autos etc., etc., por eso la descomposición social que hoy se vive en Chiapas, bajo la complicidad de los gobierno federal y estatal, que insisten de que en Chiapas todo va muy bien, que los delitos van a la baja y que la violencia la magnifican los medios de comunicación.

Frente a esta situación de incremento de la delincuencia, se presenta el involucramiento con el crimen organizado de las dependencias responsables de combatir la delincuencia y de garantizar la seguridad. La delegación de la fiscalía general de la república en Chiapas está al servicio de los cárteles, quienes otorgan en cada operación sobornos a los funcionarios de esa dependencia, que en las condiciones en que opera dejó de ser útil para el Estado y más para la población. Acudir a la delegación de la FGR es ponerse en manos de la delincuencia organizada.

Esta misma situación se presenta en la fiscalía del Estado y en la secretaría de seguridad pública, quienes dejaron de ser funcionales en el combate a la delincuencia organizada y que hoy representan una carga para la gobernabilidad y el establecimiento de un proyecto político de características diferentes, como el que se propone el próximo gobierno que habla de una nueva ERA en Chiapas, y que requiere, sustituir desde el primer día, a todos los funcionarios y comandantes de los cuerpos policíacos involucrados con el crimen organizado y solicitar al gobierno federal sacudir de raíces el funcionamiento de la delegación del FGR, responsable del combate al narcotráfico en la entidad, dependencia que se constituyó como la principal protectora de las actividades ilícitas.