Los fraccionamientos Real del Bosque y Bonanza en Tuxtla Gutiérrez representan la unidad habitacional más grande en el Estado de Chiapas. Ahí en el año 2009, la empresa HOMEX, con el respaldo del gobierno de Juan Sabines, construyó 7 mil viviendas en una extensión de terreno de 16 hectáreas, pero lo hizo con innumerables irregularidades, que la unidad no tiene el servicio municipal de agua potable ni cuenta con el saneamiento de la misma.
La falta de agua potable se debe a que la construcción de este fraccionamiento, se realizó en un área en donde se carece de una línea de conducción que permita el abastecimiento de agua potable a través del organismo municipal operador de este servicio -SMAPA-, por lo que la inmobiliaria realizó gestiones y obtuvo la concesión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para el uso y aprovechamiento de dos pozos de agua y otra para descarga de aguas residuales, que permitió a la empresa HOMEX, suministrar en un primer momento el servicio de agua potable a en los domicilios, pero que al declararse en quiebra esa empresa, se dejó de pagar la concesión de los pozos y no se concluyó con la obra que abasteciera de agua a las viviendas.
Esta irregularidad persiste a la fecha, generando violaciones a los derechos humanos, pues no se garantiza el mínimo vital de agua a la población establecido en los acuerdos internacionales, en donde existe una resolución al respecto por la Suprema Corte de Justicia en el país. Pero el municipio y las autoridades ambientales tampoco están garantizando el derecho a la vida a un medio ambiente saludable, en virtud de que la falta de tratamiento de las aguas residuales viene generando un foco de contaminación en un espectro superior a la extensión del territorio de ese fraccionamiento.
Los conflictos por el agua potable en las unidades Real del Bosque y Bonanza llegó a un punto máximo de conflicto, en virtud de que el jueves de la semana pasada, CONAGUA clausuró los pozos que abastecían de agua a dichos fraccionamientos, y que eran explotados de manera ilegal por el patronato del agua de Real del Bosque, en convenio con SMAPA que cloraba el agua y que de esa manera se subsanaba la irresponsabilidad municipal de no proporcionar este servicio por la vía institucional.
Durante seis años las viviendas recibieron agua por la explotación de los pozos, pero ahora con la clausura de éstos, más de 20 mil pobladores de estas unidades se quedaran sin ese líquido vital y el municipio no sabe cómo va a resolver ese problema y lo más grave aún no le interesa resolverlo.
La magnitud del problema, ocasionado por la autoridad municipal quien jamás debió de haber autorizado la licencia de comercialización y el poblamiento de las unidades, va a ser puesto del conocimiento del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de Agua y Saneamiento, el brasileño Léo Heller, quien el día de hoy inicia una visita de 10 días en México y que tiene programado una visita a Chiapas con autoridades y con organismos de la sociedad civil, en el que defensores de derechos humanos, pondrán de su conocimiento la problemática de las unidades habitacionales de Real del Bosque y Bonanza.