Chiapas padece en la actualidad cuatro problemáticas sociales que dificultan la construcción de un nuevo rostro para Chiapas: una pobreza ancestral de la población, una pobre calidad en el acceso a la justicia, un crecimiento de la violencia y la inseguridad y la necesidad de construir un proyecto de paz, debido a que la violencia y la guerra entre los cárteles ha llegado a un punto en que nadie se encuentra a salvo, lo que significa que la construcción de la paz es responsabilidad de todos, inclusive de los propios grupos de la delincuencia organizada, que penetraron las estructuras del gobierno y a la vez se asociaron al malestar y los conflictos que prevalecen en las comunidades indígenas.
Hasta ahora los intentos por construir la paz impulsadas por el gobierno tienen estrategias equivocadas, al evadir el derecho a conocer la verdad sobre los innumerables crímenes sucedidos en las comunidades, que se refleja en los desplazamientos de población, en la falta del castigo a los responsables y en la omisión del desarme de los grupos paramilitares. La firma de pactos y reuniones recurrentes entre los actores, que instrumenta el Estado, sin que se investiguen los delitos del pasado no va a conducir a la paz, sino a la impunidad y la reproducción de mayor violencia con injusticia en las comunidades, que cada vez con mayor fuerza son tentadas por los vínculos de la delincuencia organizada
La paz, que debió ser una prioridad en el gobierno de la 4t, ocasionó una mayor violencia con presencia de los grupos de la delincuencia organizada y no hay visos de una voluntad política para construir un proyecto que conduzca a la paz, en el que se atienda de manera simultánea, el acceso a los derechos fundamentales, que mejoraría la calidad de vida de la población y reduciría la pobreza, en la mejora en la calidad de la impartición de la justicia, que impactaría directamente en la reducción de la corrupción y la impunidad, así como en la sanción de los delitos y en el establecimiento de límites a la delincuencia organizada.
La construcción de la paz se constituye como una prioridad fundamental del próximo gobierno, sobre todo, en estos momentos de mucha incertidumbre y mayor control territorial de la delincuencia organizada, que sobre la base de los hechos viene sustituyendo al papel del Estado, para esto se requiere de una voluntad política y dejar a un lado las prácticas priistas de gobierno, en el que prevalece la corrupción y la falta de acuerdos democráticos, prácticas contrarias a la construcción de paz que se establece sobre la condición de cero corrupción, cero hambre y cero impunidad.
Socialmente las cosas no andan bien en Chiapas y de seguir con las mismas prácticas, no hay visos de que puedan mejorar en el corto plazo, debido al incremento de la presencia de la delincuencia organizada, que penetró en las estructuras del gobierno y sobre todo en los cuerpos policíacos, así como en la estructura organizacional de las propias comunidades indígenas. Todo esto ante la mirada silenciosa y cómplice del gobierno, que ha perdido márgenes de maniobra y que se ha desentendido del conjunto de ejecuciones extrajudiciales que de manera inusitada se vienen presentando en donde las ejecuciones extrajudiciales no están siendo investigadas con la debida diligencia y la impunidad hacia la guerra entre los cárteles compromete seriamente la responsabilidad del Estado.
La paz, la nueva prioridad del Estado
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