El día de ayer, familiares, amigos y vecinos de César Cantú Escobar y de su hijo César Emiliano Cantú, quienes fueron levantados y desaparecidos en días anteriores marcharon por la Avenida Central de Tuxtla pidiendo al gobernador su intervención y que gire sus instrucciones a la fiscalía para que los localice y los devuelva con vida. Esta petición resulta desgarradora, porque el gobernador no tiene –nunca ha tenido-, la intención de tomar decisiones y menos de involucrarse en la solución de un delito como es la desaparición forzada, como ha sido en los feminicidios y en las múltiples ejecuciones extrajudiciales sucedidas en distintas ciudades de Chiapas.
El gobernador es responsable de proteger y garantizar seguridad a la población, pero no lo hace e incurre en el delito de omisión y aquiescencia, porque tiene conocimiento del nombre de los funcionarios del gobierno que protegen a la delincuencia y reciben sobornos de ella y no los destituye y menos los somete a un procedimiento administrativo o judicial. Rutilio Escandón tolera y protege a malos funcionaros, sin importar el daño que ocasionan con su desempeño a la población y al conjunto de la sociedad de Chiapas.
Las preocupaciones del gobernador son banales. Le preocupa tener bien hidratado su rostro, que no se le vea ninguna cana, tener bien planchada su camisa, por eso no le gusta que lo abracen, estar informado diariamente de la situación de sus inversiones financieras y, obviamente, lucir en su persona la mejor colección de guayaberas en el mundo. Frente a este mundo de preocupaciones, no le preocupa que hayan desaparecidos en Chiapas, como no le preocupa que haya una guerra entre los cárteles, ni las ejecuciones extrajudiciales, ni los feminicidios, ni la inseguridad y la violencia que acabó con la paz y la tranquilidad de Chiapas.
Pedir al gobernador que intervenga en la solución de problemas o que gire instrucciones a la fiscalía que realice las funciones que por ley está obligada de cumplir, es más infructuoso que pedirle peras al olmo. Rutilio Escandón no va a meter las manos para atender los problemas, no lo hizo en más de cinco años de gobernador, mucho menos lo va a hacer ahora que le quedan cuatro meses para que concluya esta gestión.
Sin embargo, sí está obligado a intervenir, el no hacerlo incurre en los delitos de omisión y de aquiescencia y puede ser sometido a un procedimiento cuando concluya el desgobierno en el que metió a Chiapas. Incluso puede ser procesado por homicidio por comisión de omisión en los casos de los desaparecidos que después han sido localizados sin vida y con señales de tortura. También es responsable de mantener en su puesto al secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad, de quien depende el C5, por no tener en buen funcionamiento las cámaras de vídeo instaladas en todo Tuxtla, como parte del programa de prevención de los delitos, esto debido a que cada vez que la población solicita los vídeos del C5, la respuesta es que las cámaras están descompuestas y no se proporcionan los vídeos, situación que provoca el estado de impunidad que se vive en Chiapas, en donde el gobernador es el directo responsable.
Las preocupaciones banales del gobernador
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