La importancia de la transparencia en el gobierno

Uno de los graves problemas en los países en que la democracia no se ha consolidado como régimen de gobierno, es la corrupción. Esto produjo, que en la década de los 80 del siglo pasado, en que los países de América Latina retornaron a procesos democráticos después de largos años de dictadura, surgiera como preocupación sobre cómo resolver los desafíos que representa la transición democrática, en donde Guillermo O´Donell, uno de los teóricos más importantes de la democracia latinoamericana, hiciera notar los déficits de frenos y contrapesos del ejercicio del poder, sobre todo  en los mecanismos de rendición de cuentas, que provoca la discrecionalidad del ejercicio del poder, por la fragilidad de un sistema efectivo de control y de responsabilidad, a lo que se le denominó Accountability.

A partir del reconocimiento de la rendición de cuentas, como un mecanismo de mejora de la calidad democrática, La Accountability, adquirió relevancia y se construyeron mecanismos de control a los gobernantes a través de la obligatoriedad de la rendición de cuentas y la transparencia, que estableció los límites de la corrupción, que representa, insisto, uno de los grandes males de un gobierno. Por eso con el retorno de la democracia en los países latinoamericanos, se desarrollaron políticas para la obligatoriedad de la rendición de cuentas, se establecieron organismos para vigilar la transparencia y como un derecho de nueva creación se fortaleció el derecho a saber, que regula el derecho a la información de las actividades y decisiones del Estado a la ciudadanía.

En México estos mecanismos de control al poder de los gobernantes fue tardío. Fue hasta el gobierno de Vicente Fox, que se reconoció la obligatoriedad de la transparencia y el derecho a la información y se creó un organismo responsable para ese efecto, organismo al que años después se le otorgó la autonomía, mediante el cual a través de la solicitud de información el ciudadano puede conocer el comportamiento del gasto y el desempeño de los funcionarios y del gobierno en sí; este organismo autónomo es el INAI, que está a punto de desaparecer con la aprobación de las reformas impulsadas por el gobierno, lo que implica un golpe a la democracia y una medida regresiva frente al derecho a saber que tiene la población y por lo tanto resulta inconstitucional por oponerse al principio de progresividad establecido en el artículo 1º de la Constitución.

Uno de los grandes compromisos del actual gobierno era combatir la corrupción; y para ello se utilizó la expresión de hacerlo como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Esta promesa es uno de los incumplimientos del gobierno de la transformación, debido a la opacidad en el manejo de la asignación de obras y contrato de servicio, en el que el 80% de las mismas se asignan de manera directa y no a través de concursos como establece la normatividad, situación que conlleva favoritismos y discrecionalidad lo que provoca una corrupción desmedida.

Son muchos los escándalos de corrupción y de falta del ejercicio de la acción penal en contra de funcionarios, que han incurrido en actos de corrupción en el gobierno de la transformación, mismos que han sido protegidos por la intervención presidencial, lo que hace contradictorio el discurso de combate a la corrupción con las prácticas políticas de exoneración a los presuntos responsables de actos ilícitos. Situación que obliga a retornar en el próximo gobierno al principio de cero tolerancia a la corrupción, lo que implica reconstituir un organismo responsable de la transparencia y del derecho a la información o bien modificar los términos de la reforma que propone la desaparición del INAI, y crear un nuevo organismo, con medidas que elimine las prácticas que no han sido eficaces y con mecanismos que mejoren su funcionamiento en el acceso a la transparencia y  garantizar el derecho a la información.