Tres universidades públicas en la entidad –UNACH, UNICACH y UNICH-, están pasando por distintos conflictos, que ponen en riesgo el funcionamiento de esas instituciones.
De las tres, la institución que tiene mayor tiempo con problemas es la UNICH, universidad, que en lo que va de este gobierno, ha tenido seis rectores y en este momento están en la búsqueda del séptimo. Aquí el conflicto inició por causas sindicales, en donde a iniciativa de la rectoría se armó al vapor un sindicato charro, con maestros de asignatura y con muy bajo perfil académico, para contrarrestar la organización sindical, que promovía un grupo de académicos, en el que se encontraban los de mayor prestigio de la institución –miembros del SNI y con perfil PRODEP-, que veían con preocupación cómo el rector Javier Álvarez Ramos, destruía el proyecto universitario, que contaba con la acreditación de los CIESS las cuatro licenciaturas. Este trabajo de acreditación se había realizado antes de la llegada a la institución de Álvarez Ramos, pero éste de manera oportunista se apropió de esa acreditación sin que entendiera realmente en qué consistía ese reconocimiento de calidad de los programas académicos.
Hoy día la UNICH se encuentra polarizada, el sindicato realiza ilegalmente funciones de dirección y contratación académica y con esa fuerza persigue, acosa y despide a los docentes y trabajadores que no forman parte de la organización sindical. A raíz de esta tensión, la universidad perdió la acreditación de los programas académicos y vive en constante paros y tomas de las instalaciones, lo que ha ocasionado un abandono del trabajo directivo y la destrucción del proyecto académico. Esta situación ha generado irresponsabilidades y omisiones directivas, a punto tal, que las licenciaturas de nueva creación –Medicina y derecho intercultural-, no han sido registradas en la Dirección General de Profesiones y la primera generación está a unos días de concluir el plan de estudios. Lo más lamentable es que la carrera de medicina no cuenta ni siquiera con el reconocimiento y autorización del sector salud, por lo que la institución viene incurriendo en un fraude con los estudiantes de esta carrera.
En la UNICACH los problemas son de otra índole. Aquí lo que hay es una institución que funciona al margen de la legislación universitaria, lo que genera la ilegalidad en la mayoría de las decisiones que se toman. El caos que hoy se vive en la UNICACH es debido a la inaplicabilidad de las normas. Así se han designado rectores que permanecen en la ilegalidad; así en la ilegalidad se designan a los directores de las facultades y de las escuelas y la propia Junta Directiva se encuentra en la ilegalidad, debido a que las personas que la integran no tienen la calidad moral y académica que dispone la legislación para desempeñar esa responsabilidad.
En septiembre pasado, fue designado el Notario Adolfo Guerra como rector de la UNICACH, sin cubrir ninguno de los requisitos que establece la legislación universitaria. Su designación sólo puede entenderse por el desprecio que el gobernador tiene sobre la vida universitaria. Manuel Velasco no tiene la mínima idea sobre la responsabilidad social que tiene la universidad y sobre el papel central que tiene en la formación de profesionistas con el conocimiento y con el compromiso con la vida en sociedad, capaces de transformar y mejorar la vida pública.
El gobernador hizo caso omiso cuando se le señaló que la UNICACH vivió un proceso de saqueo y corrupción y que el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado tenía en su poder la falta de comprobación de cientos de millones de pesos y que el expediente se encuentra en situación de denuncia ante el ministerio público. El problema que tiene en este momento la universidad es una disputa entre Roberto Domínguez, hoy secretario de educación y anterior rector y el directo responsable de la falta de comprobación y del desvío de recursos que tiene documentado el OFSCE con el actual rector, Adolfo Guerra, que no asumió ningún compromiso para salvar al exrector de la corrupción que prevalece en la UNICACH. A la que fantasiosa e irresponsablemente Domínguez Castellanos hizo creer que se encontraba entre las diez universidades de mayor calidad en el país, cuando realmente no se encuentra ni en el lugar 80.
Los conflictos que existen en las tres universidades están orquestados y son producto de la ausencia de capacidad que prevalece en las autoridades universitarias. Pero que en realidad, la apuesta en la desatención de los mismos, puede llegar a conducir a la remoción de los tres rectores, lo que significa que alguien no está realizando de manera adecuada su trabajo y eso es fácil de adivinar, porque ni el secretario de gobierno ni el secretario de educación, que es parte directa del conflicto, realizan sus actividades con la responsabilidad y la intensidad que se requiere.