El falso discurso en seguridad

Los gobiernos federal y estatal, al ocultar los graves problemas de inseguridad que hay en Chiapas, avalan y justifican el desempeño de funcionarios del gobierno involucrados con la delincuencia organizada y esta postura, con la información que se tiene es indefendible. En las conferencias mañaneras el presidente ha señalado que sean los chiapanecos quienes decidan, como si esto fuera una decisión electoral y no política y con ello -consciente o inconscientemente- encubre el problema de corrupción que hay en los servidores públicos que protegen y obtienen sobornos de la delincuencia organizada.

El involucramiento de servidores públicos en la delegación de la fiscalía general de la república, en la fiscalía del Estado, en la secretaría de seguridad pública y en mandos policiales  se debe de investigar para deslindar responsabilidad y no asumir la defensa a ultranza como lo hace el presidente y el gobernador, en aras de mantener un discurso de mentiras con el fin de no reconocer el fracaso de la política de seguridad del gobierno federal y el crecimiento de la violencia e inseguridad que pone al gobierno de la cuarta transformación como el gobierno de mayor número de muertes violentas en la historia del país, cuando él se comprometió que en seis meses de su gobierno se iban a notar los resultados de su política de atender las causas y ya concluyó el sexenio y la violencia continúa en el país, lo que evidencia el fracaso de la política en seguridad.

La investigación de los servidores públicos involucrados con la delincuencia es urgente realizarla, pues hay conductas que no pasan desapercibidas, como el incremento de propiedades en ranchos, casas y vehículos en Chiapas y otras ciudades del país; el despliegue de guardaespaldas en los hijos de funcionarios de las dependencias de seguridad, que se observa no solo en las escuelas donde estudian sino en las calles en el que se muestra el despliegue intimidatorio; las patrullas y guardias en las casas, incluso de personas que ya no son funcionarios pero continúan gozando de esos privilegios, todo ello pagado con recursos públicos; en los viajes constantes que realizan los funcionarios y/o familiares para ver a sus hijos que estudian fuera de la entidad, en el que los gastos son excesivos y no corresponde con el austero salario que perciben; la investigación in situ en el lugar en donde viven, que a simple vista se puede observar que no corresponde el nivel de vida con el ingreso legal que tienen.

El gobierno se equivocó al acusar a los medios  como los responsables de crear una percepción de que en Chiapas hay mucha inseguridad, cuando esto no es un problema de percepción sino de una realidad lacerante, que hace insostenible el falso discurso de un Chiapas seguro y del ridículo e irresponsable mensaje del gobernador, cuando difunde que hay saldo blanco en delitos de alto impacto, discurso que la población no le cree y terminó siendo el hazmerreir.

Las referencias sobre la seguridad en Chiapas han sido unos mensajes desafortunados del presidente, pues en Chiapas, las circunstancias de violencia y de enfrentamientos constantes entre los grupos de la delincuencia organizada, muestra que esta situación solo puede presentarse bajo la protección del gobierno y el discurso de defensa a ultranza, que niega la inseguridad en Chiapas, confirma las evidencias de que esta protección a funcionarios y al crimen organizado sí existe.