La recuperación de la paz y del gobierno

El primero en acusar al gobierno de Chiapas de vínculos con el narcortráfico, al mismo tiempo que mencionó que Chiapas se encontraba al borde de una guerra civil, fue el EZLN, en septiembre del 2021 en voz del comandante Galeano. La acusación directa de narcogobierno mellaba en ese momento la credibilidad de un gobierno que manifestaba tener los principios de no mentir, no robar y no traicionar, aspectos que se repetían pero que siempre estuvieron bajo sospecha, debido a que la realidad mostraba otras circunstancias. Hoy transcurridos tres años de esa acusación, quedan menos dudas y muchas certezas, del involucramiento de funcionarios en la entidad con la delincuencia organizada.

A partir de la acusación del EZLN, hubo otras denuncias en medios nacionales que confirmaban los vínculos de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada y los nombres de los acusados coincidían siempre. El gobierno de Chiapas guardó silencio y los funcionarios señalados continuaron en sus funciones, situación que terminó configurando la idea de que las complicidades en Chiapas del gobierno con la delincuencia organizada era mucho peor, en donde participaban en la protección y sobornos de la delincuencia altos mandos del gobierno local y la delegación de la fiscalía general de la república y en donde estaban involucrados presidentes municipales, constituidos como jefes de plaza municipales.

El señalamiento de guerra civil realizado hace tres años por el EZLN ya no parece tan descabellado, porque en realidad en gran parte de la entidad existe una guerra entre el Cártel de Sinaloa en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde la población no se encuentra a salvo y en la región fronteriza de la Sierra, los pobladores son sujetos al reclutamiento forzado y obligados a participar en retenes, lo que ha provocado desplazamientos, a punto tal que algunos de ellos pasaron a territorio de Guatemala en busca de protección y huyendo de la guerra. En esta guerra existen denuncias de funcionarios que colaboran a favor del Cártel de Sinaloa, pero también hay la denuncia de funcionarios y mandos policíacos que están al servicio del Cártel Jalisco; en medio de estas acusaciones se encuentra un gobierno que no gobierna y que perdió todo el sentido de su responsabilidad social.

La desconfianza hacia los funcionarios locales y hacia la mesa de seguridad, que sesiona todos los días es de tal magnitud, que las fuerzas armadas han realizado operativos en la costa y en la frailesca, sin que informara a las autoridades locales y ahí realizó detenciones importantes y decomiso de armas y drogas, al mismo tiempo que los detenidos fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México, entre ellos el segundo del CJNG, denominado “El Peligro”; estos operativos realizados por la inteligencia militar bajo sospecha a muchos funcionarios y al mismo gobierno de Chiapas, que no ha realizado la tarea que le corresponde de depurar a sus funcionarios públicos y el de beneficiarse por los sobornos del crimen organizado.

Estos operativos abren la posibilidad del próximo gobierno de realizar una limpia de funcionarios que por acción, omisión o aquiescencia han servido a los intereses de la delincuencia organizada, en donde el mensaje claro sería el de cero participación en los sobornos, y la recuperación del papel del Estado como garante de la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes, aspecto que se perdió en este gobierno y que es urgente recuperar si se quiere establecer paz y gobernabilidad.