La movilización de los maestros suele desatar pasiones encontradas: por un lado, salen voces exigiendo que se aplique el estado de derecho, sin que a ciencia cierta, los que proclaman esta demanda sepan cuál es el significado del Estado de derecho y, por el otro, hay quienes apoyan a los maestros, aún y cuando hay personas que lo hacen de manera crítica.
Las movilizaciones recientes y las que se prevén a partir del 15 de mayo no han sido la excepción; hay líderes empresariales que declaran su exigencia al orden y reclaman al gobierno la aplicación del estado de derecho. Esta frase maniquea y peligrosa, en una sociedad no democrática como la nuestra, esconde el llamado a la represión, en la que se busca justificar una salida de fuerza por parte del gobierno.
En nuestro país no existe el estado de derecho, en virtud de que en el Estado de derecho nadie puede estar por encima de la ley y, fundamentalmente, porque es el propio Estado el que desarrolla un ejercicio del poder violentando derechos humanos y sobre todo porque al no existir una división de poderes el Ejecutivo se encuentra por encima de la ley. De allí lo falaz de ese planteamiento.
La tomas de carreteras, los bloqueos y los plantones de los maestros generan malestar a la población y daños económicos a las actividades productivas, a punto tal que propician un distanciamiento e inclusive rechazo de la ciudadanía con su lucha, también es cierto que imperceptiblemente los medios de comunicación reproducen en la psique de los individuos una cultura política conservadora que se opone a la protesta y que acepta con conformismo y sumisión los desequilibrios del orden social, y condicionan a las personas para hacer imposible la rebelión.
En Chiapas los resultados de la educación son francamente malos y los sectores más conservadores suelen afirmar que es por culpa de los maestros e inclusive señalan que eso se debe por su falta de preparación, por tantas movilizaciones y paros magisteriales o en el absurdo manifiestan que por eso no quieren evaluarse. Estos argumentos son insostenibles, en virtud de que el responsable del funcionamiento de la educación es el Estado y éste poco ha hecho para que exista una mejora en el servicio educativo.
El presupuesto destinado a la educación en Chiapas ha tenido un crecimiento sostenido, pero que no se refleja en la mejora del sistema educativo, sobre todo porque ninguno de los gobiernos ha tenido un proyecto educativo y debido a la ausencia de una visión reformadora de la educación. Del año 2000 al 2016, el presupuesto de la educación en la entidad creció en un porcentaje superior al 300%.
En el año 2000 el presupuesto fue de 7 mil 830 millones de pesos; para el 2006, el presupuesto había crecido a 14 mil 424 millones de pesos; y para el 2017, el presupuesto del sector educativo autorizado es superior a los 26 mil millones de pesos.
Con estas cifras, queda claro que el problema de la educación en Chiapas no es de presupuesto, pues los recursos destinados para educación están entre los 5 más altos de las entidades del país. A esto hay que agregar que la educación en Chiapas se desarrolla fundamentalmente en las escuelas unitarias multigrado –un profesor atendiendo diferentes grados-, que a la fecha representan un porcentaje significativo del total de escuelas en la entidad: el 40% de las escuelas en educación regular son multigrado, hasta con tres docentes y el 70% de escuelas en educación indígena son multigrado, lo que expresa una causa de las causas de los pobres resultados de la educación.
De igual manera, hay un discurso de criminalización sobre los supuestos actos que vienen realizando los estudiantes de las escuelas normales, quienes más de 230 de ellos fueron detenidos y luego liberados el viernes de la semana pasada. Aquí vale la pena señalar que la violencia debe ser reprobada provenga del lugar que sea. Pero resulta inadmisible que los supuestos estudiantes circulen en camiones de empresas privadas y vayan escoltados por unidades de la policía, lo que genera suspicacias y dudas, pues esos actos vandálicos se realizan bajo la protección de la propia autoridad.
Los problemas de la educación en Chiapas, así como las condiciones de los maestros y de los estudiantes de las escuelas normales, deben analizarse bajo las perspectivas de buscar mejores soluciones y no la de generar mayores problemas por la criminalización del que son objetos. De allí que la convocatoria a la confrontación, bajo el supuesto llamado al Estado de derecho, que proclama un sector empresarial, en nada ayuda a la búsqueda de acuerdos y más en las condiciones de pérdida de legitimidad en la que se encuentra el presidente de la república y el gobernador del estado.