La pobre cultura política que hay en México se debe en mucho a la sociedad de complicidades que el Estado Mexicano desarrolló con la clase política, con los partidos, los sindicatos, con el sector empresarial y con la delincuencia organizada, que hace espléndidos negocios a la veda del gobierno. Esto lo que produce es una impunidad generalizada y redes de encubrimiento y protección.
Por esa impunidad que prevalece en el país no se encarcelan a los políticos mexicanos, ni se combate frontalmente a la delincuencia organizada y mucho menos se desmantelan las redes de lavado de dinero, de tal forma que existen vasos comunicantes entre el Estado y la delincuencia.
Pero los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales también participan beneficiosamente de las complicidades y corrupciones con el Estado, de allí que no exista un compromiso para transformar el estado cosas que permite la reproducción social del régimen político.
Los partidos señalados como de izquierda, se encuentran alejados de las luchas sociales y difícilmente enarbolan las demandas de la población. Todos los partidos en el país son de corte liberal y su principal interés se mueve en torno a ganar las elecciones y en esta lucha, poco les importa realizar alianzas contranatura, ya que finalmente lo que les importa es obtener votos.
Los sindicatos en México tienen una fuerte tradición corporativa y sus compromisos con el Estado y los patrones no los hacen representativos del sector de los trabajadores y al interior de esos sindicatos se constituyen grupos de poder, que actúan como mafias y reproducen relaciones de tráfico de influencias.
De igual manera, los grandes capitales nacionales se han forjado bajo la protección y guía del Estado mexicano. Por eso el sector empresarial tiene claro que sus beneficios se multiplican a través de las prácticas de corrupción y de componendas con el gobierno, con quien muchos realizan importantes negocios.
Este país nunca ha sido gobernado por políticos de ideas progresistas, por eso el régimen político no responde a un proyecto de ideas democráticas y el Estado de derecho no se constituyó como tal, pues el principal violador de la norma jurídica es el propio Estado y él es el principal obligado a apegar sus acciones en el marco de la ley.
En México, el poder del presidente está por encima de la ley y de los otros dos poderes del Estado, esta situación es lo que reproduce finalmente la impunidad y establece un pobre funcionamiento de la justicia. Al permanecer acotada la esfera de la impartición de la justicia, la impunidad termina dinamizando la corrupción en todos los niveles de la vida cotidiana.
Por eso no deja de ser ridícula la campaña publicitaria de Rutilio Escandón Cadenas, presidente del tribunal de justicia de Chiapas, que ofrece Justicia para Todos, cuando la realidad nos muestra que el principal déficit en la sociedad chiapaneca es la ausencia de justicia.
Nunca como ahora se encuentra pervertido el funcionamiento del Tribunal de justicia en la entidad, en virtud de que los índices de impunidad se mantienen –en donde en Chiapas sólo se sancionan el 5% de los delitos que se cometen-, con la salvedad de que ahora esta institución se puso al servicio personal del magistrado presidente y los recursos del tribunal son utilizados para financiar la loca carrera política de Rutilio Escandón, quien irresponsablemente pervirtió el espíritu de impartición de la justicia y con ello desnaturalizó el papel del poder judicial.
