Chiapas se encuentre bajo el acoso y ambición de cinco exgobernadores, quienes gobernaron mal la entidad y aún así, con el juicio de la historia en contra, pretenden reinstaurar un régimen de cacicazgos.
Estos cinco exgobernadores son: Jorge de la Vega Domínguez, Eduardo Robledo Rincón, Roberto Albores Guillén, Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, quienes, a partir de la debilidad del actual gobierno, buscan influir en el proceso electoral del 2018, en el que cada uno de ellos juega con intereses propios y ninguno ha dado muestras de interés en la construcción del bien común de Chiapas.
Paradójicamente, todos esos exgobernadores cuentan con fuertes señalamientos de abusos de poder e inclusive de asesinatos de lesa humanidad, delitos que son imprescriptibles, que por el bien de Chiapas se debiera de instaurar una Comisión de la Verdad, que investigue los delitos cometidos por esos exgobernadores, en la que a partir de los resultados debieran pasar sus días en prisión, en lugar de andar alebrestando los ánimos en las comunidades, en donde se pueden llegar a cometer otras masacres.
En el gobierno de Jorge de la Vega, el 10 de junio de 1977, se ordenó el desalojo de la plantación llamada Chanival y otras tierras en disputa en Simojovel, que había sido invadida por jornaleros agrícolas. En palabras de Neil Harvey, un importante investigador de las luchas campesinas en Chiapas, señala en su libro: La rebelión de Chiapas, la lucha por la tierra y la democracia, que en ese desalojo se emplearon tropas federales, en el que se “reportaron diversos incidentes en que hubo golpizas y asesinatos, incluyendo el lanzamiento de cuerpos desde helicópteros del ejército.” De ser cierto este señalamiento, Jorge de la Vega, pese a su edad, debiera ser sometido a juicio por esos crímenes cometidos.
De Eduardo Robledo se rememora su vergonzosa actitud de abandonar el gobierno a tan solo 69 días de haber tomado posesión, pero su renuncia fue acompañado por el saqueo impune de las finanzas del Estado.
Roberto Albores Guillén es el corresponsable de la paramilitarización en Chiapas y de la Guerra de Baja Intensidad, en el que se crearon, armaron y capacitaron grupos paramilitares para construir un clima de enfrentamiento intercomunitario en la zona de conflicto en Chiapas. Pero su gobierno también está marcado por crímenes de lesa humanidad, a partir del desalojo de la presidencia del Municipio Autónoma en El Bosque del 10 de junio de 1998, en el que un operativo integrado por el Ejército, la policía preventiva, la judicial del Estado y la PGR, intervinieron en cuatro comunidades, en el que hubo varios muertos.
El gobierno de Pablo Salazar es el responsable de los crímenes de Viejo Velasco, Ocosingo, en el que pobladores de la comunidad Nueva Palestina acompañados por 300 policías de la sectorial, el 13 de noviembre del 2006, irrumpieron en Viejo Velasco, en el que fueron asesinados cuatro personas y varios desaparecidos.
En el gobierno de Juan Sabines también se cometieron crímenes de lesa humanidad en la comunidad de Chincultik, municipio de la Trinitaria, en donde el 3 de octubre del 2008 se llevó a cabo un operativo policíaco en el que murieron seis personas y fueron detenidos cerca de 40 campesinos.
Ningún crimen de lesa humanidad debe ser olvidado y más aún cuando existe una historia recurrente de violencia institucional como sucede en los gobiernos de Chiapas, en el que la población tiene el derecho irrenunciable de conocer la verdad sobre esos sucesos y que se castigue a los responsables, con el fin de evitar que nunca más se vuelvan a repetir estos tipos de crímenes, en agravio de la población y de la historia de Chiapas. Y menos aún y cuando prevalece en esos políticos el hambre y la ambición de reinstaurar nuevos cacicazgos en manos de sus hijos y familiares, como viene sucediendo en estos momentos en Chiapas, en el que previamente al inicio del proceso electoral del 2018 ya se desató la guerra sucia .