Garantizar el Estado de Derecho es el principal compromiso que establece cualquier gobierno que se precie de ser democrático. Bajo ese principio, la aplicación de la ley debe realizarse sin distingos y sin ninguna condición que implique un carácter selectivo. Esto obliga a que el principal responsable de garantizar y cumplir el Estado de Derecho sean LOS TRES PODERES QUE INTEGRAN EL ESTADO, quienes están obligados a sujetar todas sus actos y decisiones bajo el principio de la ley.
En los gobiernos no democráticos, el principio del Estado de Derecho en un discurso vacío, al que se convoca en condiciones de crisis, sólo con el fin de justificar el uso de la fuerza pública en contra de cualquier manifestación de protesta que represente una amenaza al orden instituido.
En México, pero fundamentalmente en Chiapas, el Estado de Derecho no existe y en realidad nunca ha existido. Aquí la ley se aplica de manera selectiva y existe un déficit ancestral en los mecanismos de impartición de justicia. En estos momentos, los tres poderes en Chiapas se encuentran bajo sospecha de estar violando la ley electoral al promover actos anticipados de campaña en la entidad. Y con ello dejan de atender asuntos relevantes en la vida pública, en el que sobresale la protesta magisterial, que se alimenta con tensiones sociales en varios municipios indígenas, en donde se articulan distintas problemáticas que tienen que ver con la ausencia de justicia, la desigualdad social, la insuficiencia de derechos sociales, la disputa por el control del territorio, por problemas agrarios, por disputas y conflictos religiosos.
Muchos de estos conflictos fueron fomentados y alimentados por los gobiernos federal y estatal, después del movimiento zapatista de 1994, en donde se construyó una idea de que los enfrentamientos eran producto de conflictos intercomunitarios y no por el papel del Estado que financió la formación de grupos paramilitares, en donde el papel del gobierno federal, en contubernio con el estatal, fueron las de crear las condiciones para le reproducción de una violencia institucional hacia las comunidades y entre las organizaciones.
Después de 23 años de una ausencia de voluntad por el Estado mexicano para construir los acuerdos de paz en el territorio chiapaneco, los conflictos continúan vivos y muchas de las comunidades, así como las organizaciones sociales, entre ellas algunas evangélicas, se encuentran fuertemente armadas y la tensión se agudiza por la inacción y la indiferencia política de gobierno, lo que significa un riesgo potencial para el sistema de seguridad nacional, que tiene encendido los focos rojos de alerta y más porque en gran parte del territorio chiapaneco están conformadas las redes del narcotráfico de los cuatro grupos delincuenciales más importantes en el país.
La situación social en la región de los Altos es delicada. Allí se concentran los mayores rezagos y ahí se encuentran los municipios más pobres del país. Esto significa, que después de 23 años de la rebelión zapatista, los intentos del Estado mexicano por mejorar las condiciones sociales en el territorio fracasaron rotundamente, aparte de que los recursos federales destinados para abatir los rezagos de la región –cuantificados en varios miles de millones de pesos-, no fueron invertidos con la eficacia que se debía o simplemente nunca fueron invertidos y ante este despilfarro y corrupción se mantiene una impunidad indignante.
Todo esta información no puede ser ignorada, porque una caterva de funcionarios de los tres poderes, vienen realizando actos anticipados de campaña en miras de las elecciones del 2018, pero que a la fecha no han mostrado una actitud de querer resolver la grave crisis social y económica que vive Chiapas, y en la que la decisión hacia la gubernatura se vuelve fundamental, en virtud de que este proceso se presenta como la última posibilidad para construir las condiciones que permitan revertir la pobreza, la desigualdad social y la estructura tradicional de la sociedad chiapaneca.
Por ello es relevante que se exponga con la mayor claridad posible lo que está en juego en el 2018, pues este proceso contiene riesgos y amenazas sociales que tienen que ver con el futuro inmediato de Chiapas; en el que ya hubo una equivocación en el 2000, volvió a suceder en el 2006 y se repitió en el 2012. Equivocarse en el 2018 es mortal para Chiapas, sobre todo porque durante 30 años se tendrán que pagar 4 millones de pesos diarios, por una deuda pública que contrajo Juan Sabines, sin que a la fecha se conozca en donde fueron invertido los recursos de esa deuda.
