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Los riesgos de impunidad en el 2018

Editorial
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La unanimidad en el Congreso fue el sello con que inició el gobierno, pues las fuerzas políticas de todos los colores se adhirieron al gobernante. Eso produjo una subordinación de las dirigencias de los partidos y sus representantes, lo que posibilitaba un gobierno de paz y armonía.

 

Sin embargo, por la inacción política, las condiciones de gobernabilidad en la entidad se descompusieron y hoy priva el caos y el conflicto en varios puntos del territorio, que amenaza con desbordarse.

Los avisos de alarma han sido recurrentes. Y los diversos conflictos muestran una estadística de violencia, que lamentablemente se ha visto ensombrecida con hechos de sangre.

Tila y Oxchuc son municipios en donde sus conflictos latentes datan de 35 y 40 años, sin que se haya dado la atención debida. Esto implica escenarios diferenciados para su atención pues existe un cúmulo de agravios y muertos, por lo que parecía casi imposible que después del proceso electoral del 2015, los conflictos no estallaran tal y como sucedió.

Pero estos problemas no son los únicos ni están aislados y sólo falta una chispa para que broten en cascada. En Pueblo Nuevo, los problemas sólo se pospusieron pero continúan latentes. Lo mismo sucede en Simojovel, en donde los grupos de la delincuencia organizada tienen bajo amenaza a la población y los organismos internacionales de derechos humanos solicitaron medidas precautorias para garantizar la seguridad del párroco de la Iglesia.

Ixtapa es un municipio que presenta también una historia de conflictos, en la que un presidente municipal bajo las siglas del PRD fue desaforado durante el gobierno de Roberto Albores.

En Zinacantán hay viejas disputas por el agua y los grupos viven añejos enconos. Allí hubo enfrentamientos entre priistas en contra de perredistas, pero éstos al paso de los años se convirtieron en el comité del Partido Verde y ahora los conflictos continúan entre priistas y verdes.

Chenalhó tiene diversos conflictos, uno de ellos es la disputa de la presidencia municipal, y se encuentra dividido por tres formas diferentes de gobierno: el municipio constitucional, el municipio autónomo zapatista y el gobierno de Dios integrado por la organización de Las Abejas. Pero también tiene un añejo problema con los límites territoriales con Chalchihuitán, que mantiene polarizada la relación entre ambos municipios.   

Altamirano presenta problemas políticos, sobre todo porque una pareja se convirtió en la que gobierna, pero también padece conflictos por la tierra y son recurrentes las tensiones entre las organizaciones de la ORCAO el EZLN y la CIOAC en el municipio.

Pero los conflictos también están en Bachajón, Ocosingo, Las Margaritas y Venustiano Carranza. Todo esto tiene en estado de alerta a las comunidades que mantienen disputas por la tierra, y que se mantienen en estado de alerta por los macroproyectos de desarrollo que se prevé se instalen en ese territorio.

El panorama tranquilo que se suponía en este gobierno se encuentra claramente alterado y no se ven visos que la tensión disminuya sino que por el contrario, se pueden llegar a agudizar debido a la disputa electoral que se viene presentando en la entidad, al haberse adelantado los tiempos políticos, lo que creó condiciones de fragilidad por la guerra sucia que hay entre los aspirantes a la gubernatura; situación que abre a la posibilidad de que se orquesten problemas en las comunidades indígenas con fines de incendiar el Estado, bajo el manto de impunidad que está extendido en todo el Estado.