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La violencia institucional en Chiapas

Editorial
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Chiapas tiene una larga historia de violencia institucional y de asesinatos de Estado. En los años 70 del siglo pasado, hay un repunte de la movilización campesina que de manera sistemática fue reprimida por la fuerza pública. Ese repunte se dio en los municipios de Huitipán, en Simojovel y en Venustiano Carranza.

 

La lucha por la tierra en esos municipios ocasionó que los enfrentamientos con el gobierno se volvieran recurrentes, incrementándose a la vez los desalojos, la represión, los encarcelamientos y los asesinatos de líderes campesinos. En Huitipán y Simojovel la movilización campesina se originó por un mal deslinde en uno de los ejidos, que orilló a la invasión de tierras de un ranchero, lo que significó hacer justicia por sus propias manos. Esta invasión desató una ola de invasiones de plantaciones cafetaleras en la región, promovida por peones acasillados adheridos a la CIOAC, lo que provocó la intervención de la procuraduría de justicia del Estado, que realizó los desalojos y aprehensiones y que algunos detenidos fueran arrojados desde el helicóptero con el fin de intimidar a la protesta.

En Venustiano Carranza la movilización se originó por el incumplimiento de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, que reconoció el derecho legal de la comunidad sobre la posesión de 50 mil hectáreas. En 1975, año en que se inicia el deslinde, la dotación era de 41 mil 924 hectáreas, en virtud de que 5 mil correspondían a la presa de La Angostura y 3 mil las dejaron fuera del deslinde por estar en posesión de los caciques –Carmen Orantes y Augusto Castellanos-, que se negaron a entregarlas. Esta situación generó invasiones de los comuneros para recuperar las tierras y produjo una reacción del gobierno que encarceló, persiguió y ordenó la intervención militar para someter  a los comuneros de la Casa del Pueblo. Además de que se presentó el asesinato de los comisariados de los Bienes Comunales. Fueron asesinados José Córdova Ayar, Gabriel Díaz Reyes, Manuel Gómez Ortega y Bartolomé Martínez Villatoro.

La violencia institucional en contra del movimiento campesino se vivió en los gobiernos de Manuel Velasco Suárez y Jorge de la Vega Domínguez, pero fue en el interinato de Juan Sabines Gutiérrez en que se incrementó el uso del Ejército en contra de la lucha por la tierra, y se promovió el fortalecimiento de los cacicazgos tradicionales y la cooptación de líderes campesinos a través de la CNC. En el año de 1979 hay una ola de violencia en Venustiano Carranza, en donde el Ejército impone el toque de queda, en una abierta confrontación con los comuneros de la Casa del Pueblo, quienes se resistieron a la acción del gobierno de quererles imponer un Comisariado de los Bienes Comunales.

En junio de 1980, el gobierno desaloja en el municipio de Sitalá, la finca Wololchán, y el operativo terminó en una masacre.

En el gobierno del general Absalón Castellanos las cárceles se llenaron de presos políticos, luchadores sociales y solicitantes de vivienda y continuaron los asesinatos selectivos como el de Andulio Gálvez.

Con Patrocinio González se vivió la parafernalia de la idea del imperio de la ley, en el que se impusieron reformas a la ley con el fin de legalizar la represión, como las modificaciones del Código Penal de Chiapas que criminalizaba a la protesta. Esta ley cumplió su papel represor, pero nunca evitó la protesta y las manifestaciones en contra del gobierno y fueron bajo esas circunstancias en que se dio la consolidación del EZLN. Frente a esa ola de represión, el INI denunció que en ese gobierno existían 2 mil 290 indígenas apresados en Chiapas.

Después del levantamiento armado del EZLN, los gobiernos han tenido su cuota de sangre. Julio César Ruíz Ferro fue destituido por la masacre de Acteal; Roberto Albores Guillén fue el responsable del asesinato de pobladores del municipio El Bosque, cuando ordenó el desmantelamiento del municipio autónomo de San Juan de la Libertad, en Chabajebal.

Pablo Salazar también se vio involucrado en asesinatos generados por la violencia institucional, desde la agresión y encarcelamiento de militantes de la MOCRI, en Marqués de Comillas, hasta el asesinato y desaparición de indígenas en Viejo Velasco, casi  al finalizar su gobierno.

Juan Sabines Guerrero también tiene su cuota de sangre con la masacre de Chinkultic, en donde 6 indígenas fallecieron y decenas fueron heridos, durante el brutal desalojo policíaco de campesinos que ocuparon la Zona Arqueológica de Chinkultic.

La historia de la violencia institucional es estructural y sistemática en la entidad y hoy día, en las vísperas del inicio del proceso electoral del 2018, se corren riesgos de una escalada de violencia y agresiones generada fundamentalmente por las ambiciones de grupos de poder, en torno de los exgobernadores, que buscan consolidar cacicazgos políticos a través de sus cachorros.